Propuesta de la Democracia Cristiana



LA DEMOCRACIA CRISTIANA Y LOS TEMAS PENDIENTES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

La reparación ética que Chile quiere

Uno de los temas pendientes de resolver derivados de la dictadura militar en Chile, es aquel producido como consecuencia de las violaciones masivas a los derechos humanos.

I. Reconocimiento de la verdad y los avances en materia de reparación en la década de los noventa

Los Gobiernos de la Concertación han logrado, tras arduos debates, leyes que han pretendido materializar acciones de verdad y reparación, pero que sin embargo –se debe reconocer- no han conseguido satisfacer las legítimas demandas de los familiares de las victimas de la represión.

Entre las políticas que se han implementado -más allá del histórico informe Rettig- está la ley que creó la Oficina Nacional del Retorno; la que modificó diversos cuerpos legales a fin de garantizar en mejor forma los derechos de las personas; la que autorizó el ejercicio profesional a personas que salieron del país por razones de fuerza y que obtuvieron títulos o grados en el extranjero; la que otorgó franquicias aduaneras a los refugiados políticos, o aquella que estableció la obligación del secreto para quienes remitan información conducente a la ubicación de detenidos desaparecidos.

Pero quizás la más importante medida legislativa que procuraba satisfacer permanentemente los requerimientos de las víctimas o sus familiares, fue la ley que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y que estableció pensiones y otorgó beneficios diversos.

Sin embargo, esta Corporación que tenía vigencia de dos años, sólo pudo ser prorrogada una vez, ya que posteriormente la oposición negó en el Congreso sus votos para conservarla y debió ser trasladada como un programa del Ministerio del Interior.

Este es un claro ejemplo –de los tantos- de que quienes han impedido mayores acciones de compensación a las víctimas o a sus familiares son aquellos partidos de derecha que obstruyeron la continuidad del trabajo de estos profesionales bajo la Corporación de Reparación.

II. Temas pendientes e impostergables

Así, aún hoy, después de casi treinta años del comienzo del régimen militar, y de los esfuerzos que se han hecho para avanzar en este sentido, un conjunto importante de chilenos reclama de la sociedad y de sus instituciones, reparaciones justas que compensen –en parte- el dolor o pérdida sufrida por un acto violatorio de sus derechos como consecuencia de la acción de agentes del estado.

Los exonerados políticos son un claro ejemplo de ello; también los exiliados, que fueron obligados a salir del país por el peligro que para su seguridad representaba su permanencia en él; los ex presos políticos y los torturados, que se cuentan por miles, son otros actores de este proceso que también tienen sus demandas.

Y junto a los anteriores, esperan verdad, justicia y dignas reparaciones, los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados por razones políticas. Y nuestro convencimiento es que Chile tiene una deuda con todos ellos.

Entonces, el desafío de la sociedad chilena es alentar la verdad y la justicia; proveer de reparaciones económicas, y promover políticas públicas destinadas a que desde la institucionalidad del Estado chileno se vele por el respeto al legado de las víctimas, la promoción y protección de los derechos humanos en el país.

III. Propuesta de la Democracia Cristiana

La Democracia Cristiana en el plano de la defensa de los derechos humanos se siente orgullosa de su historia. Muchos de sus hombres fueron los que encabezaron desde un primer momento la defensa de la dignidad humana cuando esta era cuestionaba desde las más altas esferas gubernamentales. Por respeto al dolor de las victimas, había postergado realizar un pronunciamiento sobre las propuestas que los partidos políticos han realizado durante estas últimas semanas.

De cara al país, la Democracia Cristiana formula lo siguiente:

1.- Alentar la verdad y la Justicia.- Este tema es extraordinariamente relevante. La Democracia Cristiana no hará nada que signifique alguna forma de punto final, o términos anticipados de los diversos procesos judiciales actualmente en trámite.

Al contrario, creemos que al país le ha hecho muy bien el tremendo esfuerzo que los jueces realizan en este aspecto, y el avance impensado de tantos juicios criminales que poco a poco van develando la verdad de lo ocurrido, detallando los hechos y responsabilizando a los culpables.

Ello es también doloroso para todos los involucrados; para las familias de las víctimas que reviven tan tristes recuerdos, y para los victimarios y sus familiares que no logran huir de la mirada cuestionadora de su país y de sus tribunales.

a).Una primera declaración a este respecto es que la sociedad chilena y sus instituciones, civiles, morales y militares, no deben olvidar el gran objetivo planteado de ubicar los restos o saber el paradero o destino de aquellos desaparecidos políticos, cuyos familiares esperan respuestas. Si no hay fórmulas de diálogo o encuentro que permitan recibir más información, nuestra obligación es dejar tranquilos a los Tribunales de Justicia que avanzan en estos asuntos.

b).También, en este aspecto, tal como lo solicita la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, es necesario un pronto examen del número de víctimas cuyos procesos aún no tienen jueces exclusivos, a fin de instar a su designación o bien que los que ya están designados asuman dichas causas.

c).El Estado debe mejorar los instrumentos legales que tiene para la protección de los derechos humanos. Así por ejemplo, debe ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas al igual que debe ratificar el tratado que crea la Corte Penal Internacional, y ratificar la convención Sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

d).En materias judiciales, y para efectos civiles necesarios para familiares de las víctimas, nos manifestamos de acuerdo con la creación de una figura como la “declaración de ausencia por desaparición forzada“ planteada por las agrupaciones de detenidos desaparecidos.

2.- Proveer de reparaciones económicas compensatorias.- Por cierto un debate que pretenda una reparación ética de la sociedad chilena no puede ser reducida sólo a los aspectos relativos a las compensaciones económicas, y más aún, por ningún motivo éstas a cambio de impunidad. El desafío es sin embargo, responder en algún momento a todas las demandas sociales de quienes se sienten postergados o discriminados, especialmente en temas de empleo, seguridad social, salud y educación.

Sabemos que las graves violaciones a los derechos humanos, sumados a los efectos de un proceso penal inquisitivo ha generado en las victimas la percepción de no ser escuchadas, les embargan sentimientos de haber sido vejadas e ignoradas, y por sobre todo acusan la convicción de no haber recibido justicia, lo que significa que sus problemas no han sido resueltos.

La Democracia Cristiana ha propiciado y contribuido en la concreción de acciones dirigidas a reparar los efectos ocasionados a las victimas y familiares por la grave y masiva violación de los derechos humanos. Continuará favoreciendo con mayor fuerza otras medidas dirigidas a mejorar el acceso a la justicia, a obtener un trato justo, al resarcimiento a las victimas, y a su atención social y sicológica.

Hemos tenido una contribución constante en la defensa y promoción de los derechos humanos y quiere ser parte de un proceso de reflexión permanente sobre este tema, que vaya acompañado de mayores contenidos y que permita percibir que lo que se busca es, además de la reparación puntual a los directamente afectados, una reparación al espíritu de la Nación, destinada a la reconciliación que nos permita crecer como País, en valores y principios.

Pero aún así, la reparación económica debe ser parte importante de nuestra preocupación, porque responde a la satisfacción de necesidades reales de los ofendidos, consideradas como aquellas que pretenden la dignificación de la víctima o de su familiar. El desafío es, sin embargo, responder en algún momento a todas las demandas sociales de quienes se sienten postergados o discriminados, especialmente en temas de empleo, seguridad social, salud o educación.

a) Mientras tanto, respaldaremos al Gobierno en aquellas materias que tiendan al mejoramiento sustantivo de la ley de reparaciones, no solo en materia de pensiones, sino también en aquellos que se refieren a beneficios médicos o educacionales, u otros de tipo social que se consideren adecuados.

b).Claro está que debemos enfrentar uno de los más graves problemas que se han presentado este último tiempo en estos asuntos y que ha significado la inquietud de los familiares de las víctimas. Se trata del rechazo de las demandas civiles de indemnización a raíz de la prescripción de la acción civil que ha sostenido el Consejo de Defensa del Estado, tesis acogida por nuestros Tribunales.

El CDE, sostiene que ellos tienen como obligación resguardar los intereses del Estado, y por tanto solicitar la estricta aplicación de la ley. En caso contrario, ellos estarían en infracción legal.

Creemos que existen por lo menos dos fórmulas que el Gobierno debiera explorar sobre la materia:

a)Modificar la ley, para declarar que las acciones civiles de indemnización por graves violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles, permitiendo que la cuantía de estas indemnizaciones las regulen los Tribunales de Justicia.

b)Otorgar facultades a alguna institución que represente al Estado a fin de acordar extrajudicialmente con los representantes de las víctimas, indemnizaciones cuyos montos pudieran ser establecidos mediante una tabla indemnizatoria proporcional al grado de parentesco y otras variables determinadas en la misma ley, considerando experiencias comparadas con el derecho internacional.

Para la Democracia Cristiana es muy importante que a este respecto nos pudiéramos ajustar a los principios y lineamientos básicos sobre el derecho a reparación por violaciones graves a los derechos humanos y el derecho humanitario, elaboradas a nivel de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

3.-Promover políticas públicas destinadas a proteger y promover los derechos humanos.- Junto con creer que se justifican plenamente acciones que generen un real testimonio a la memoria colectiva, como memoriales o monumentos que nos comprometan con la paz y la justicia, y con políticas educacionales que incorporen la enseñanza y el respeto por los derechos humanos, recogemos la proposición del abogado Luciano Fouillioux, en el sentido de instalar al interior de la institucionalidad del Estado, un referente que vele por el fomento, protección y fiscalización de los derechos humanos.

El Defensor del Ciudadano, o una Subsecretaría de Derechos Humanos que dependa del Ministerio de Justicia, pueden ser las figuras a crear, que mejor velen por el sentimiento y deseo de todos de que nunca más en Chile, se violen estos derechos.