Propuesta de ex prisioneros de Dawson y Magallanes



Propuesta de Reparación de Ex Prisioneros y Perseguidos Políticos de la Dictadura Militar en Dawson y en Magallanes

JULIO 2003

Proyecto de Información de Derechos Humanos

Agrupación Cultural y de Derechos Humanos Orlando Letelier

www.dawson2000.com

I. MARCO GENERAL

Somos ex prisioneros y perseguidos políticos de la dictadura militar (1973–1989) en Magallanes, organizados en la Agrupación Cultural y de Derechos Humanos Orlando Letelier en Punta Arenas y en el Proyecto de Información de Derechos Humanos Dawson2000.com. Buscamos fortalecer la democracia y los derechos humanos en Chile haciendo publico las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura en la región y requiriendo reparación y justicia para los que fuimos victimas de estos crímenes por parte del Estado de Chile.

La sistemática violación de los derechos fundamentales de las personas por la dictadura ha quedado grabada en la conciencia magallánica. La extensión de las violaciones la sabemos miles de magallánicos quienes fuimos afectados directamente por estas violaciones. La brutalidad de estas acciones la sintetizan los diversos campos de concentraciones y detenciones establecidos en la zona – graficado por los campos de Isla Dawson en el medio del Estrecho de Magallanes, donde también se confinó a un connotado grupo de dirigentes nacionales. En estos campos encerraron y torturaron los cuerpos y los sueños de magallánicos que pensaban distinto y buscaban una sociedad mejor para Chile.

Las violaciones de derechos humanos (DDHH) en Magallanes incluyeron ejecuciones, secuestros, torturas, detenciones en campos de concentración, relegaciones, exilio forzado y exilio por persecución militar.

Los derechos básicos de miles de magallánicos fueron vulnerados por una práctica sistemática de agentes estatales durante la dictadura. El Estado de Chile es el responsable último de estas violaciones. El Estado es el garante y responsable, en todo momento y bajo cualquier tipo de gobierno, de la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos del país. Justicia y reparación es la deuda pendiente del Estado y la Sociedad de Chile para con estos magallánicos.

A 30 años del golpe militar, los violadores y responsables de estos crímenes siguen inmunes y el avance en el ámbito de reparación a las personas que se le violaron sus derechos más básicos ha sido mínimo. Las distancias que resultan de esta falta de justicia y reparación persisten en la sociedad magallánica y chilena. Un mayor avance es posible, y necesario.

Son una minoría nacional los que persisten en negar las aberrantes violaciones a los derechos humanos de la dictadura militar. Las Fuerzas Armadas, en menor medida la Armada Nacional, han reconocido tener una responsabilidad institucional, aunque general y limitada, por estas violaciones. Todos los partidos políticos reconocen, en diversos grados, la necesidad de avanzar en el ámbito de la reparación a las victimas de estas violaciones.

La Concertación por la Democracia estableció como uno de sus objetivos de gobierno la reparación a las personas que se le violaron los derechos humanos durante la dictadura. A pesar de esto, aún no existe una política publica de reparación integral, solo se han dictado leyes de beneficios limitados para determinados grupos de victimas, incluyendo incentivos mínimos para el retorno de los exiliados, beneficios previsionales a los exonerados políticos, y pensiones mínimas para los familiares de los ejecutados y desaparecidos. Esta política de reparación es insuficiente en relación al dañó y la masividad de las violaciones de derechos humanos que se cometieron.

Cabe notar que no ha a habido ningún esfuerzo de reparación destinado a los sobrevivientes de los campos de concentración y prisión política, torturados, relegados y exiliados por expulsión o exiliados por persecución de la dictadura. No existen razones éticas o de derecho que avalen esta discriminación en el tratamiento reparatorio de estos chilenos. Estas personas constituyen la gran mayoría de la victimas de graves violaciones a los derechos humanos. Son los testigos de los campos de concentración y centro de torturas de la dictadura. Somos estos testigos y sobrevivientes en Magallanes.

La actual coyuntura política nacional, conjuntamente con la legitimidad de nuestras demandas por reparación y justicia, debiera permitir al poder ejecutivo y legislativo desarrollar una política publica de reparación integral para las personas que se le violaron sus derechos humanos. Esta política, sin lugar a dudas, ayudaría a avanzar en la consolidación social de la institucionalidad democrática en Chile.

II. VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN MAGALLANES DURANTE LA DICTADURA MILITAR

Las violaciones de derechos humanos en Magallanes tuvieron un carácter masivo y sistemático. Estas incluyeron:

A. Ejecuciones, asesinatos y desaparición

En Magallanes hay siete casos, documentado por la Corporación de Verdad y Reparación, de violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte o desaparición por responsabilidad de instituciones o agentes del Estado cometidas durante la dictadura militar. Estas son las siguientes:

· Ejecuciones en 1973

El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1991 (Informe Rettig) documenta cinco casos de muerte entre el 11 de septiembre de l973 y fines de diciembre de 1973 por agentes o personas al servicio del Estado. Estas muertes incluyen, en septiembre, la ejecución de una persona, sin militancia, por una patrulla militar en Punta Arenas y, en octubre, la ejecución de cuatro prisioneros políticos ( dos socialistas, un comunista y uno sin militancia) por personal militar en Tierra del Fuego.

· Ejecución en 1988

Una joven dirigente socialista que fue secuestrada por agentes estatales fue encontrada asesinada en 1988 en Punta Arenas. (Caso incorporado por la Corporación de Verdad y Reparación a su informe original).

· Desaparición en 1973

Un dirigente del MAPU, buscado y llamado por un bando militar, desapareció después de ser visto en un regimiento militar en septiembre de 1973. (Caso incorporado por la Corporación de Verdad y Reparación a su informe original).

B. Secuestros y confinamientos en centros de detenciones y en campos de concentración

Alrededor de 2.000 personas fueron arrestadas, por motivos políticos, entre 1973 y 1976 en Magallanes por la dictadura militar. La mayoría de estos prisioneros fueron secuestrados por personal de las Fuerza Armadas, y otros se entregaron al ser llamados por bandos militares para ser detenidos.

- EI informe Rettig indica que entre septiembre y diciembre de 1973 hubieron alrededor de 1.000 prisioneros políticos en Magallanes. Esta es una cifra conservadora.

- Entre 1974-1976 alrededor de 1.000 magallánicos más fueron secuestrados y arrestados por motivos políticos.

- Los prisioneros políticos magallánicos fueron confinados en diversos recintos militares y campos de concentración. Los principales centros de detención fueron los campos de concentración de Compingim y Río chico en Isla Dawson, el Regimiento de infantería motorizada Pudeto, Destacamento de infantería de marina Cochrane, Batallón blindado General Schneider, Bahia Catalina, Estadio fiscal, Cárcel publica, Hospital naval en Punta Arenas, el Regimiento Caupolicán en Porvenir y el Regimiento Lanceros en Puerto Natales.

- En Magallanes se secuestraron, torturaron y confinaron en campos de detenciones a mas de cien menores de edad, incluyendo a magallánicos de solo16 años.

- En Magallanes se secuestraron, torturaron, y confinaron a cerca de 80 mujeres (muchas violadas), incluyendo a menores de edad.

- La mayoría de los prisioneros políticos, mas de 1.000 personas, sufrieron detenciones de varios meses, mas de 400 personas estuvieron detenidas por más de un año, alrededor de 100 personas estuvieron detenidas por más de 2 años, y varias decenas permanecieron en prisión cerca de 3 años antes de ser puesta en libertad condicional, relegadas a otras partes del país o exiliadas.

C. Torturas de prisioneros políticos

En los campos de concentración y centros de detención de Magallanes, la tortura fue el eje central de represión. Fue la violación más común a los derechos humanos de los prisioneros políticos magallánicos.

- El informe Rettig, refiriéndose solo a los cuatro meses de 1973, indica que en:

“...la región de Magallanes se aplicó la tortura de modo habitual y se estima que alrededor de 1.000 personas estuvieron privadas de libertad y sometida a ese tratamiento....”

- Los principales centros de tortura en Magallanes fueron el Antiguo Hospital Naval o Palacio de la Sonrisa (ejercito), la Casa del Deportista (ejercito y aviación), el Destacamento Cochrane (infantería de marina), Bahia Catalina (Aviación), el Estadio Fiscal ( aviación) y el fundo Los Robles (ejercito).

- La tortura fue utilizada sistemáticamente contra alrededor de 2.000 personas que fueron arrestadas durante la dictadura militar en Magallanes, particularmente en el periodo 1973-1976.

D. Consejos de Guerra contra Prisioneros Políticos

Los principales consejos de guerra de prisioneros políticos en Magallanes fueron cinco y se llevaron a cabo durante 1973 –1974. En estos consejos se procesaron a 96 personas, 49 socialistas y 47 comunistas, incluyendo a 8 mujeres. Estos consejos fueron efectuados fuera de toda la legalidad existente hasta 1973. Todos estos prisioneros fueron torturados y no tuvieron representación jurídica adecuada.

Los consejos de guerra en Magallanes fueron:

- Primer Consejo contra el Partido Socialista

Este consejo tuvo lugar en noviembre de 1973 y se procesaron a 5 miembros de la dirección regional del Partido Socialista y 8 dirigentes y miembros de la Juventud Socialista. Estos incluyeron dos menores de 16 años (un hombre y una mujer), uno de 17 años y tres de 18 años. Todos estos prisioneros políticos fueron condenados a sentencias que fluctuaron de cinco años a cadena perpetua.

- Consejo de Guerra Hospital Regional.

Este consejo fue llevado a cabo contra trabajadores y dirigentes sindicales del hospital regional de Punta Arenas. Fue efectuado en diciembre de 1973. Este consejo condenó a prisión a 5 militantes del Partido Socialista y un dirigente estudiantil comunista.

- Consejo de Guerra contra el Partido Comunista

Este consejo tuvo lugar en abril de 1974 y se procesaron a 26 dirigentes políticos y sociales del Partido Comunista, Todos fueron condenados y las sentencias fluctuaron desde 3 a 20 años de prisión.

- Consejo de Guerra contra la Juventud Socialista

Este consejo tuvo lugar en julio de 1974 y se procesaron a 10 dirigentes y miembros de la Juventud Socialista. Estos jóvenes socialistas tenían entre 16 y 20 años, incluyendo cuatro mujeres. Las sentencias fluctuaron entre 6 meses a 3 años de prisión.

- Consejo de Guerra contra la Juventud Comunista

Este consejo tuvo lugar en agosto de 1974 y se procesaron a 20 dirigentes de la Juventud Comunista. Estos prisioneros incluyeron a 2 mujeres. Los condenados recibieron sentencias hasta cuatro años de prisión.

- Segundo Consejo de Guerra contra el Partido Socialista

Este consejo tuvo lugar en Octubre de 1974 y se procesaron a 21 dirigentes políticos y sociales del Partido Socialista. Estos prisioneros incluyeron a 4 miembros de la Juventud Socialista ( tres de 20 años y uno de 18 años). Todos fueron condenados, y las sentencias fluctuaron desde 5 años de relegación a 18 años de prisión.

- Otros Consejos.

Entre 1973 y 1974, hubo varios consejos de guerra que involucraron a personas individuales donde se condenaron por lo menos a 6 prisioneros.

E. Relegaciones

Alrededor de doscientos magallánicos, después de su prisión política, fueron relegados a diferentes localidades remotas del país. Estas relegaciones fueron desde meses a cinco años.

F. Exilio de magallánicos

Aproximadamente un centenar de magallánicos sufrió el exilio durante la dictadura militar.

- Exilio forzado o por decreto

Alrededor de 50 ex prisioneros políticos fueron exiliados por decretos de la dictadura que le conmutaron condena de cárcel o relegación por exilio forzado. La mayoría de estos magallánicos enfrento un exilio de carácter indefinido, sus pasaportes fueron marcados con “L”, y solo fueron autorizados a retornar al país en 1987.

- Exilio por persecución

Alrededor de cincuenta magallánicos se vieron forzados a escapar del país por el peligro que para su seguridad representaba su permanencia en Magallanes. Entre 1973 y 1974, un par de decenas de ellos eran buscados con afiches en diarios y llamados en bandos militares.

G. Estudios truncados

Más de 200 estudiantes, secundarios y universitarios, fueron impedidos de continuar sus estudio por razones políticas, particularmente entre 1973 y 1976. Estos incluyeron a la gran mayoría de los jóvenes magallánicos que sufrieron prisión política.

H. Exonerados Políticos

Aproximadamente 2000 personas fueron exoneradas por razones políticas, particularmente entre 1973 y 1976. Estos incluyeron a la gran mayoría de los magallánicos que sufrieron prisión política.

Hasta hoy día, los autores y responsables de esta brutal represión en Magallanes nunca han tenido que responder ante la justicia por sus acciones. Tampoco el gobierno ha reconocido ni tomado responsabilidad por los daños físicos, psico-sociales y materiales causados a quienes fueron victimas directas de estas violaciones por agentes del Estado de Chile.

III. PROPUESTA BASICA DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DDHH EN MAGALLANES

Indudablemente, existe de parte del Estado una gran deuda social con los magallánicos que fueron detenidos, torturados, perseguidos, relegados y exiliados durante la dictadura militar. Las demandas por justicia y reparación a nuestros derechos violados se orientan y buscan fortalecer una conciencia nacional democrática que rechaza las violaciones a los derechos humanos.

Las secuelas y secuencias de la represión y las violaciones a que fuimos sometidos siguen y seguirán estando presentes en nuestras vidas. El daño causado por los crímenes de lesa humanidad, en si, es irreparable. En el de Chile de hoy, a 30 años desde el golpe militar y 13 años de gobierno democrático post dictatorial, existe un legitimo espacio democrático que permite avanzar en el ámbito de reparación.

Dentro de este contexto, llamamos al poder ejecutivo y legislativo a comprometerse con las demandas de los ex prisioneros políticos de la dictadura militar, que son los principales interlocutores sobre las violaciones de derechos humanos a que fueron sometidos. Este compromiso debe materializarse en la promulgación una legislación especial que repare, rehabilite y restituyan los derechos a los ex – presos políticos, condenados, relegados, exiliados forzados y exiliados por persecución de la dictadura militar en Magallanes y en el resto del país.

Apoyamos el desarrollo de una política gubernamental de reparación integral que incluya:

A. Creación de una Comisión Especial de reparación integral

Esta comisión tendría la facultad de definir el universo real y los procedimientos para ser reconocido como victima de violación a los derechos humanos durante la dictadura militar. También debiera tener el mandato de difundir públicamente las violaciones a que fueron sometidas estas personas, promover la dignificación moral y social de las víctimas, y facilitar el acceso a los beneficios de reparación.

Organizaciones de DDHH y, particularmente, representantes de las personas que sufrieron estas violaciones deben ser parte integral de esta comisión (incluyendo ex presos políticos, relegados, exiliados y familiares de los ejecutados y desaparecidos). Esta comisión nacional debe constituirse con representantes o subcomisiones de diferentes regiones del país.

B. Un compromiso publico con la búsqueda de la Verdad y Justicia por las violaciones de derechos humanos.

Existe la necesidad de que el Estado se comprometa con la búsqueda de la verdad y la determinación de responsabilidades y sanciones correspondientes por todas las violaciones de DDHH, incluyendo desapariciones, ejecuciones, prisión política, tortura, relegación y exilio.

En este contexto, llamamos a derogar la Ley de amnistía de 1978 que protege a una gran mayoría de los violadores de derecho humanos. También apoyamos el desarrollo de una política que incentive la entrega de información sobre hechos de violaciones de DDHH, incluyendo beneficios civiles y judiciales para informantes que no tengan calidad de autores o participes.

Para efectos civiles, en los casos de desapariciones, apoyamos la creación de la figura legal de “declaración de ausencia por desaparición forzada“ presentada por las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos.

C. Dignificación moral y social

Además de establecer la verdad y difundir públicamente las violaciones de DDHH cometidas, es necesario dignificar moral y socialmente a las personas que fueron víctimas de estos crímenes. En el plano institucional, el Estado debe adoptar políticas públicas destinadas a promover el legado y la memoria histórica de las víctimas y el desarrollo cultural de los DDHH. Esto debe contemplar:

- Reconocimiento publico por parte de los poderes del Estado de Chile de la condición de ex – presos y perseguidos políticos a las victimas de violaciones a los DDHH cometidos por la dictadura militar en Magallanes, y en Chile.

- Establecimiento del 26 de junio como el día de la solidaridad con los ex presos políticos, las víctimas de la tortura, relegados y exiliados.

- La creación de memoriales y monumentos para testimoniar a la memoria colectiva el legado histórico de los que sufrieron las violaciones de DDHH.

- Declaración como monumentos y patrimonios nacionales todos los ex centros de detención y tortura en Isla Dawson y en Magallanes.

- Crear un museo y centro cultural de los derechos humanos en el antiguo hospital Naval o Palacio de la Risa, que fue el principal centro de torturas en Magallanes, a cargo de las organizaciones de derechos humanos de los ex prisioneros políticos.

- Crear en el fundo Los Robles, ex centro de tortura en Punta Arenas, un parque publico por la Paz y los Derechos Humanos.

- Promover y apoyar proyectos culturales, audio-visuales, publicación de libros, y sitios de internet que ayuden a crear y a difundir la memoria colectiva de las victimas de las violaciones a los DDHH de la dictadura.

- Promover políticas educacionales que incorporen la enseñanza y el respeto por los derechos humanos

D. Reparación Económica

- Establecimiento de una pensión de por vida, de un monto homologable con la jubilación promedio de los funcionarios públicos, debiendo ser retroactivo a la fecha de secuestro, tortura, relegación y/o exilio. Estos beneficios serían heredables por el cónyuge o conviviente.

- Indemnización equivalente a resarcir el daño económico por el período forzado de detención, relegación y/o exilio. Esta indemnización compensaría por cada día de privación o limitación de la libertad del individuo.

- A todas las personas que sufrieron prisión política en Magallanes, la reparación debe ser complementada con un valor adicional para compensar el daño causado por la tortura.

- A las personas que fueron condenadas por consejos de guerra, la reparación debe ser complementada con un valor adicional para compensar el daño causado por las condenas, castigos y particularidad del encarcelamiento y prisión a que fueron sometidos como resultado directo de estos consejos de guerra.

E. Integración socio-económica

Debe haber un compromiso para generar políticas públicas de reintegración social y económica de las victimas de violaciones a los derechos humanos a la sociedad chilena. Esto debe contemplar:

- Educación

1. Garantizar la capacitación laboral de los ex prisioneros, relegados y exiliados políticos mediante programas especiales de estudios, incluyendo la manutención de la familia durante el período de formación.

2. Homologación automática de los estudios o títulos obtenidos en el extranjeros por las victimas y sus familiares directos ( cónyuges, hijos y nietos)

3. Garantizar el reconocimiento y finalización de los estudios interrumpidos de la victimas debido a prisión política, relegación o exilio.

4. Becas de estudios, hasta la educación superior, para las victimas, cónyuges, hijos y nietos de la victimas, incluyendo condonación de deudas por créditos universitarios.

- Laboral

1. Garantizar la inserción laboral de los ex prisioneros, relegados y exiliados políticos mediante programas especiales que incentiven la contratación de ex prisioneros, relegados y exiliados políticos en trabajos del sector privado.

2. Reclutamiento y contratación preferencial de ex prisioneros, relegados y exiliados políticos en trabajos de instituciones públicas y estatales, tanto en Chile como en el extranjero.

3. Reincorporación de los ex prisioneros, relegados y exiliados políticos que fueron exonerados de sus trabajos en la administración pública u otra repartición estatal.

4. Facilitar el financiamiento de proyectos micro-empresariales para los ex prisioneros, relegados y exiliados políticos.

- Vivienda

Facilidades de prestamos hipotecarios a través de un programa especial para obtener vivienda propia, para la victima y sus familiares directos.

- Social

1. Restitución de todos los bienes, muebles o inmuebles, en especie o en dinero, que les fueron confiscados a la victima y sus familiares.

2. Exención del servicio militar obligatorio para los hijos y nietos de los ex prisioneros, relegados y exiliados políticos.

3. Promover el reencuentro de la victima y su familia con el desarrollo social y cultural nacional a través del acceso gratuito a bibliotecas, eventos espectáculos culturales, deportivos y de esparcimiento, patrocinados por el gobierno regional o nacional.

F. Reparación Médica y de Salud Mental

- Garantizar el acceso a los servicios de salud necesarios para alcanzar la condición médica de acuerdo a su edad para las victimas y sus familiares directos, incluyendo nietos.

- Proveer servicios médicos y de salud mental especializados para las personas que sufrieron prisión política y /o torturas, incluyendo a sus familias.

G. Reparación jurídica

- Anulación de todos los procesos de consejos de guerra y de tribunales militares o civiles y decretos que se utilizaron para condenar a prisión, relegar, y exiliar a prisioneros políticos en Magallanes durante la dictadura militar.

- Eliminación de los antecedentes penales y todas las inhabilidades que fueron aplicadas como resultados de estos procesos a los ex prisioneros y perseguidos políticos magallánicos.

- Restitución de los derechos civiles y políticos para todos los ex presos y perseguidos políticos.

- Reconocimiento automático de la nacionalidad chilena para aquellas victimas y sus familiares directos que sufrieron el exilio.

H. Protección de los derechos humanos

Es necesario crear políticas públicas y adoptar transformaciones institucionales que impidan la repetición de los crímenes y garanticen la protección de los derechos humanos en Chile. Estas medidas deben incluir.

- La creación de una instancia del Estado que tenga la facultad de fomentar, proteger y fiscalizar los derechos humanos en Chile

- El Estado debe mejorar la protección internacional de los derechos humanos en Chile, aplicando e integrando a las leyes nacionales los tratados internacionales suscritos por Chile.

- El poder legislativo debe ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la convención Sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y el tratado que crea la Corte Internacional de Justicia.

La ausencia de una política publica de reparación integral para los ex presos políticos, relegados y exiliados de la dictadura aumenta el daño de las violaciones a que fuimos sometidos e incrementa nuestra marginación social, política y económica en nuestro país. Hoy a 30 años, está el apoyo político que se requiere y tiene como base las propuestas de las victimas, de organizaciones de derechos humanos, de los partidos políticos y, además, los proyectos de acuerdo de la Cámara de Diputados y del Senado que solicitan al gobierno que les remita un proyecto de ley de reparación para los ex-presos políticos. Reparación integral es la deuda de Chile para con las victimas de derechos humanos de la dictadura en Magallanes, y en el país.