Lea propuesta de la UDI


LA PAZ AHORA

Santiago, viernes 20 de junio de 2003.-

“Nuestro gran anhelo es no tener una patria dividida”

Demetrio Sampson Trujillo, hijo del fusilado político, don José D. Sampson O., cuyos restos se encuentran desaparecidos.

“Que mis primeras palabras sean de perdón y no de rencor. Que nuestros primeros sentimientos sean de amor y no de odio”.

Jaime Guzmán, en los funerales de Simón Yévenes , asesinado el 2 de abril de 1986.

I.- NECESIDAD DE CONSTRUIR UN CAMINO DE PAZ Y SUPERAR LOS VIEJOS ODIOS

Hasta la década de 1960, Chile podía enorgullecerse de que los conflictos civiles entre chilenos habían sido no sólo excepcionales, sino, además, breves y pronto dejados atrás por una rápida reconciliación.

Así sucedió aún con los más profundos de entre ellos. La división que enfrentó a realistas e independentistas en 1810 era ya sentida como cosa del pasado, mucho antes de que hubiese transcurrido un cuarto de siglo. Las heridas de la guerra que en 1830 se zanjó en Lircay, estaban ya cerradas bastante antes de 1860.

Confirmando esa noble tradición, en 1891, el primer acto de gobierno del Presidente Jorge Montt, el día mismo en que asumió el poder, fue promulgar una ley de amnistía para todos los "delitos políticos" cometidos durante la guerra civil, que había costado 10 mil bajas, esto es más víctimas que la guerra de 1879 contra Perú y Bolivia, un número indeterminado de las cuales no cayó en los campos de batalla, sino en enfrentamientos, allanamientos y fusilamientos, a lo que debían sumarse las víctimas de torturas, saqueos y atrocidades de toda suerte, hechos que consignan historiadores de todas las tendencias, nacionales y extranjeros. Esa valiente decisión no fue única, pues entre diciembre de 1891 y agosto de 1894 se dictaron tres leyes de amnistía -dos parciales y una ampliada-, en aras de la paz social, y en 1896 las autoridades compensaron monetariamente a los militares que habían pertenecido a las filas balmacedistas, y permitieron que oficiales del bando derrotado se reintegraran al Ejército y a la Armada.

Ya en 1901, un hermano del ex Presidente Balmaceda era llamado a ser Ministro de Justicia e Instrucción Pública en un Gabinete del sector vencedor en Concón y Placilla; y, al pedirle aceptar una cartera ministerial, el Presidente Errázuriz Echaurren podía, así, decirle: "Hay que borrar rencores".

"Borrar rencores": ése fue el principio básico de los chilenos, después de muy desgraciados enfrentamientos civiles. Gracias a su deliberado y consecuente seguimiento por quienes tenían en sus manos la responsabilidad política de llevar adelante al país, éste pudo cerrar sus heridas pronto y sin huellas.

Hoy, por el contrario, intranquiliza observar que ese principio ha sido dejado de lado. Lo han sofocado odiosidades, rencores y enemistades entre chilenos, que se arrastran y acumulan, pese al paso de las décadas.

No es que sean diferentes las circunstancias. Los excesos, la violencia, la muerte, son semejantes en todos los tiempos. Pero la actitud de las personas frente a ellos puede no serlo.

La actitud en Chile en estas últimas décadas no ha sido de búsqueda de la comprensión, la conciliación y la convivencia entre connacionales. Por el contrario, en ciertos grupos ha sido de constante recordación de las heridas causadas por unos y otros.

Ese hecho anómalo es una peligrosa deformación de nuestra historia, que no podemos seguir ignorando y que exige ser corregido sin más demora, ya que dificulta el camino a la paz social.

Es una realidad que en los últimos 40 años, Chile ha atravesado un período de grandes conmociones, muchas de ellas con muy dolorosas manifestaciones. Es una realidad que, durante ellas, muchas veces se cometieron excesos graves. Todos los chilenos nos dolemos de eso y quisiéramos que nunca volviera a repetirse nada semejante. Pero no basta con desearlo. Hay que actuar eficaz y conducentemente para lograrlo, en toda la medida de nuestras capacidades.

No podemos borrar el dolor del pasado, que nosotros queremos hacer nuestro, en señal de solidaridad, pero sí podemos actuar para reducir el dolor del presente y para prevenir el del futuro, en cuanto nos sea posible.

A quienes quieran seguir avivando rencores, porque esperan venganza o provecho, dejémoslos entregados a su cultura de la muerte y del odio.

En cambio, a quienes quieren cerrar heridas, démosles los instrumentos para hacerlo, hasta donde es humanamente factible. No hacerlo sería desatender a los que sufren directa y personalmente ese dolor, y a las grandes mayorías que quieren paz.

SI HAY LIDERAZGO Y VOLUNTAD, HAY UN CAMINO

El servicio público carece de sentido si se olvida que, por sobre las instituciones, la estabilidad, la legalidad o el sistema político, están los seres humanos. Ellos son la única y verdadera legitimidad de la acción del Estado. La persona es el centro de nuestra vocación política, y su bien material y espiritual es lo que guía nuestra acción.

Por eso, cuando existen chilenos que no pueden integrarse en plenitud a la convivencia en la patria común, por hechos que, pese a pertenecer al pasado, se actualizan en ellos cada día, no podemos quedar indiferentes. El dolor que los afecta por la desaparición y muerte de sus deudos, unido al desconocimiento de dónde se hallan sus restos, es algo que nuestra sociedad no puede desconocer. Esto impide, además, restablecer la armonía necesaria entre chilenos desde un recuerdo común del pasado, aunque con diversas y legítimas interpretaciones sobre sus causas y consecuencias, que permita mirar el futuro de Chile como algo que nos pertenece a todos por igual y en el que la violencia sea rechazada definitivamente.

Ese dolor es una realidad personal e intransferible, que la sociedad nunca podrá mitigar plenamente, pero que nos exige una respuesta ética, que puede y debe expresarse en el derecho. Esa respuesta debe ser amplia y flexible, respetuosa de las diversas historias e interpretaciones personales, sin que ello signifique un nuevo atentado al bien de toda la comunidad y de cada uno el bien personal. La ley y la acción de todos los servidores públicos, deben ser instrumentos al servicio de la convivencia, de la solución a los problemas sociales y personales y del bien común.

La demanda principal de los afectados por la desaparición de sus seres queridos tiene tres dimensiones: verdad, justicia y reparación.

La verdad se vincula estrechamente con el dolor. Conocerla es una necesidad vital y ética de los deudos, a la que no es lícito que la sociedad les exija renunciar.

La justicia y la reparación se relacionan con el propósito de enmienda y resarcimiento que obliga a toda la comunidad. No hay que escatimar esfuerzos en hacer justicia y buscar la reparación subsecuente, aún cuando ellas puedan, por exigencia de las circunstancias y del tiempo, adquirir una dimensión limitada y relativa, en la medida en que el desagravio no podrá nunca ser total y absoluto. Esta es una noción que la comunidad y los deudos han de comprender, cuando se ha hecho el máximo esfuerzo para facilitar el reencuentro en la patria común.

Por su parte, la sociedad también tiene una demanda y una necesidad: la paz. Ella debe iluminar la acción política, para que sus respuestas jurídicas no ahonden el dolor, pero tampoco la división. El tiempo debe constituirse en un elemento que presione por soluciones y no que favorezca, con su indiferencia, a que las heridas sigan abiertas.

El derecho, en consecuencia, deberá buscar el camino que permita facilitar la verdad, la justicia, la reparación y la paz, con conciencia de que es restringida su capacidad para alcanzar en plenitud cada una de estas dimensiones. Nuestra vocación política y la realidad de muchos de nuestros compatriotas, así como la necesidad de contribuir a la ansiada paz social, nos demandan encontrar en el compromiso jurídico y , en la ley, una respuesta ética que respete los sentimientos personales.

Eso es posible. En circunstancias tan difíciles como estas, nuestros antepasados quisieron y lograron recuperar la paz para Chile. Con voluntad y liderazgo nosotros también podemos lograrlo.

LAS RAZONES DE NUESTRA CONTRIBUCIÓN

Para avanzar hacia una etapa superior de solución, la única vía es considerar los factores reales, tomar decisiones y actuar. Queriendo ir más allá de meros gestos y palabras, la Unión Demócrata Independiente plantea un curso de acción preciso y perfectamente factible para ir cerrando, al menos, las heridas de quienes quieran cerrarlas.

Hay en ésto, desde luego, un imperativo moral: no es ético privar a todos de un paliativo, porque haya algunos que no lo admiten, o desean otro. A quienes desean un camino de reparación y reencuentro, debemos facilitarles la posibilidad de seguir ese camino. Con humildad, pero también con la fuerza que confiere una convicción interior, entregamos nuestra contribución.

Actuamos en esto porque los derechos humanos preocupan esencialmente a la UDI, como deberían preocupar, de verdad, a todos quienes actúan en la vida pública. Jaime Guzmán lo reiteró así una y otra vez: lo que concierne a esos derechos es, siempre, “una situación moral, que tiene muchísimo más importancia que los acontecimientos políticos”.

Sabemos que algunos nos criticarán por plantear una vía de reparación para las familias de aquellos cuyos derechos básicos fueron vulnerados durante el Gobierno Militar. No nos sorprende, porque igualmente se nos criticaría por no plantearla. Hacemos nuestras las palabras de Jaime Guzmán: “No me importa mi imagen, sino mi conciencia”.

Que tales graves excesos tuvieron lugar, es una evidencia: causaron y causan un dolor que también nosotros sentimos, y ellos no deben repetirse nunca. Sus consecuencias deben repararse y son responsabilidad de todos los chilenos; la UDI lo cree una necesidad moral, histórica y nacional, actualmente impostergable.

POR QUÉ HUBO TANTA VIOLENCIA EN CHILE

Ello fue el resultado de causas que pueden distinguirse en dos grandes grupos:

La primera, la gran convulsión social que se vivió en los tiempos anteriores y posteriores al 11 de septiembre de 1973. A este respecto, basta remitirse a documentos de valor histórico irrefutable, como los acuerdos de Chillán del Partido Socialista, en su XXII Congreso, en 1967, en los cuales se justificaba la violencia como método de acción política, o la carta que el 8 de noviembre de 1973 dirigió el ex Presidente Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor, entonces Presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, donde describe el derrumbe institucional del país y explica la intervención de las Fuerzas Armadas en Chile.

En este ambiente de profunda convulsión social y de violentas confrontaciones fratricidas fue cuando se produjeron numerosos crímenes que repudiamos.

No son justificables, pero no hay registro histórico de que una conmoción de esa magnitud tenga lugar sin que deban lamentarse situaciones trágicas e injustas. Los odios y los miedos despertados en millones de chilenos por los propósitos expresos y por los métodos de la Unidad Popular mientras ella ocupó el gobierno, originaron uno de esos cuadros sociales en que toda la mentalidad colectiva está alterada, y al desaparecer el poder de quien despertó tales odiosidades, se desatan reacciones que quiebran todos los patrones normales de comportamiento.

La segunda causa se encuentra en la conducta de ciertos grupos que, no obstante haber quedado ya atrás la convulsión referida, se creyeron autorizados para actuar contra quienes estimaron sus enemigos políticos, reales o imaginados, con abierta violación de sus derechos humanos.

Contra esos grupos se opusieron categóricamente Jaime Guzmán y diversas personas, algunas de las cuales hoy integran la UDI, sin cejar hasta desplazarlos de sus posiciones y forzarlos a someterse al marco jurídico. Más aún, esos personeros marcaron en esta materia un cambio decisivo, que fue reconocido por el Informe Rettig; a eso se debe que durante el Gobierno Militar chileno, a diferencia de tantos otros casos latinoamericanos y mundiales, la situación de los derechos humanos, en vez de empeorar con el curso del tiempo, fue mejorando significativamente, hasta traspasar el poder al nuevo gobierno en condiciones de indiscutible normalidad constitucional.

Lamentablemente los atropellos a los derechos humanos no concluyeron enteramente en la década del 70. También los hubo hacia finales del Gobierno Militar, así como con posterioridad al traspaso del poder al Gobierno de la Concertación, en plena democracia, expresándose en actos terroristas que tuvieron proyecciones posteriores y que forman parte de la misma espiral de violencia que aprisionó a Chile en las últimas décadas.

El problema de los derechos humanos vulnerados, con toda su gravedad moral y su justa carga emocional, no afecta la legitimidad intrínseca del paso que entonces dieron las Fuerzas Armadas y de Orden, a petición de la mayoría ciudadana, tras el quebrantamiento de todas las vías institucionales por la Unidad Popular. Y no es justo silenciar que muchos uniformados, así como muchos civiles, murieron o sufrieron lesiones irreparables a manos de la Unidad Popular y sus partidarios, antes, durante y después del 11 de septiembre de 1973. También ellos vieron sus derechos humanos vulnerados. Millones de chilenos se sintieron amenazados por la violencia física, moral y política que estaban ejerciendo sobre ellos grupos ideologizados que, mediante la ruptura institucional, pretendieron establecer un régimen totalitario, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en Cuba por casi medio siglo, y como, expresamente, se quería entonces que sucediera también en Chile.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

Mirando hacia atrás, todos los sectores, sin excepción, deberíamos admitir que, antes y después del 11 de septiembre de 1973, habríamos podido hacer más por resguardar los derechos humanos fundamentales, que no son patrimonio exclusivo de nadie. Pero eso es algo que cabe pensar con los antecedentes hoy disponibles y con la visión que ahora es posible: otra era la situación real entre el fragor de los odios, los peligros y las luchas de entonces.

Lo que ahora es determinante, y lo que mueve a la UDI mirando hacia el futuro, es la convicción de que eso nunca debe repetirse.

A esa luz, no es sano ni prudente que la vida nacional siga anclada al pasado. Debemos abrir una opción distinta a quienes, en todos los sectores, deseen emprender una nueva etapa de sus vidas. Por eso planteamos la presente propuesta.

Actuamos en esto por los mismos motivos por los que, con buena fe y esperanza, en junio de 2000 reconocimos el esfuerzo de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, buscando poner fin al “desencuentro que dificulta que el país avance unido hacia el futuro” . Coincidimos entonces en que era y sigue siendo “imperativo y urgente contribuir a superar este problema” , que “requiere de parte de todos un espíritu de grandeza moral que nos permita concordar medidas efectivas para ese fin” y “avanzar hacia un reencuentro nacional”.

Respaldamos entonces ese esfuerzo por “asumir nuestro pasado” , el de todos los chilenos, y, convencidos de “que es injusto traspasar a los jóvenes los conflictos y divisiones que han dañado al país” ; compartimos también el ánimo de “legar a las nuevas generaciones de chilenos una cultura de convivencia, basada en la libertad, la verdad, la tolerancia y el respeto” , premisas para crear “condiciones que efectivamente contribuyan a la unidad nacional”.

Sin embargo, transcurridos tres años desde entonces, los avances registrados hacia tan nobles metas comunes no son todo lo esperado. Los instrumentos para hacerlas realidad debieran ser ahora complementados con nuevas iniciativas para que no subsista la incertidumbre, el dolor y el desamparo de muchas familias de víctimas de “esa espiral de violencia” que señaló la Mesa de Diálogo.

II.- EL ENCUENTRO CON LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS

Luego de conocidas nuestras conversaciones con un grupo de familiares de víctimas de Pisagua, en un muy breve plazo numerosas familias que representaban a más de cien víctimas, todas vinculadas a casos consignados en el Informe Rettig, se han acercado a la UDI demandando nuestra ayuda para encontrar una mejor solución.

Muchos de ellos no comparten nuestra visión histórica o política, pero han recurrido a nosotros porque -como varios lo han señalado públicamente- confían en nuestra trayectoria de rectitud para abordar los grandes temas del país. Si ellos reclamaron que todos los habían abandonado, nosotros no lo haremos, pues no lo permite nuestra concepción del servicio público.

Desde el primer momento, esas familias y nosotros hemos estado plenamente conscientes de las descalificaciones que recibiríamos de los mismos grupos de siempre. No obstante, a solicitud de ellas, hemos trabajado intensamente en elaborar la presente propuesta, cuya concepción y modalidades les hemos consultado, representa su voluntad y espíritu, y que entregamos al Gobierno junto con nuestro compromiso de apoyarla en todas las instancias, legislativas u otras, que pueda requerir.

Cabe destacar el valor y la profunda dignidad de esas familias. Comenzando por aquellas ocho de Iquique y Pisagua que dieron el primer paso, y que invariablemente nos han expresado junto con cuánto han sufrido por la postergación de dar solución a sus casos y por la utilización de que han sido objeto por algunos sectores políticos, también su vehemente deseo de que se abran ahora caminos para la superación de los conflictos y para el reencuentro en una sociedad de normal convivencia entre todos los chilenos. Desean que se reivindique el buen nombre de sus deudos. Que nunca más deban otros sufrir lo que ellos. Que sus hijos y nietos no hereden los odios de otro tiempo. Que se dé paso a la verdad y, por sobre todo, a la paz, para poder, por fin, comenzar otra etapa de sus vidas.

Quien mejor expresa lo anterior es un hijo de un ejecutado político cuyos restos se encuentran desaparecidos y que expresó en nuestra Comisión, al finalizar nuestro trabajo, lo siguiente:

“Este documento no sólo es una propuesta, no sólo una solicitud de Reparación y Verdad, no sólo una expresión jurídica, sino una muestra de que es posible el reencuentro, sin condiciones y promesas. Además, lleva nuestra alegría de vivir, nuestro dolor del recuerdo y la esperanza de vivir en nuestro país como hermanos, aunque muchas veces estos son tan distintos entre sí”.

“Deseamos que exista la diversidad y no la odiosidad. Deseamos que exista respeto y reivindicación para nuestros padres y esposos. Deseamos que exista respeto a las familias de las víctimas y de los responsables de las muertes de nuestros familiares”.

“No se puede medir el dolor en forma cualitativa ni cuantitativa; sólo podemos decir que todos perdimos. Por eso, hoy no sólo exigimos, sino que también otorgamos nuestro compromiso para que nunca más”.

“Este pequeño reencuentro entre la UDI y nuestras familias, tan injustamente criticado, es un pequeño paso para avanzar en el cierre del ciclo del duelo permanente en nuestras familias y sanear a nuestra sociedad de heridas que, a lo mejor, no todas podrán ser cicatrizadas”.

“Treinta años, para nuestras familias, es tiempo suficiente para no tener que seguir reabriendo nuestras heridas una y otra vez”.

“Hoy, no sólo estamos orgullosos del paso que dimos, sino también orgullosos de nuestros padres y esposos, quienes nos dejaron un gran legado: enfrentar todo con valentía y honestidad”.

“Nuestro gran anhelo es no tener una patria dividida”.

Estas palabras fueron pronunciadas por Demetrio Sampson Trujillo, hijo de José Demóstenes Sampson Ocaranza, militante socialista, fusilado en Pisagua el 30 de octubre de 1973 y cuyo cuerpo se encuentra desaparecido.

Otro testimonio recibido en nuestra Comisión que creemos importante transmitir es el que entregó Nelson Trejo Jara, hijo de Luis Trejo Saavedra, militante socialista, desaparecido el 15 de septiembre de 1975 en la ciudad de Curicó. Sus palabras fueron las siguientes:

“Con esto queremos decir que nos encontramos en una etapa histórica de nuestro país, donde, con mucho trabajo y esfuerzo de nuestros corazones, podemos cicatrizar nuestras heridas y caminar juntos hacia una patria unida, con propósitos de paz”.

“Si logramos tomar esta propuesta o fórmula o como quiera que le llamen, nunca hay que olvidar por qué las estamos desarrollando; sin olvidar el pasado, pero pensando en el futuro de nuestras madres, viudas, en nuestros hijos y en los que vendrán; en aquellos que lo único que desean es que Chile sea una patria unida y sin rencores pero con la responsabilidad y el compromiso de que los hechos del pasado nunca más vuelvan a ocurrir en nuestro querido Chile”.

Con todo esto, entendemos cumplir el mandato señalado por Jaime Guzmán cuando públicamente señaló: “Nuestro partido –dijo entonces- ha contribuido a muchas iniciativas tendientes a la reconciliación entre los chilenos. El país puede estar cierto de que continuaremos haciéndolo, teniendo siempre presente que tan noble objetivo requiere una adecuada ecuación entre la generosidad y el realismo. La reconciliación nacional exige especial acierto, tino y equilibrio en los instrumentos que se diseñen para lograrla”.

Creemos que cumple cuidadosamente esos requisitos la propuesta que hoy presentamos. Pero junto con ello, quisiéramos señalar la necesidad de superar la visión ideológica de los derechos humanos. Estos no pueden estar referidos sólo a una época ni ser patrimonio de alguien en particular. Por el contrario, estos derechos son inherentes a la persona humana y a su propia dignidad y se refieren a todas las fases de la vida y en cualquier contexto político, social, económico o cultural. En este sentido manifestamos nuestra disposición para estudiar e impulsar más adelante cualquier iniciativa que busque institucionalizar su promoción y defensa.

III.- NUESTRA PROPUESTA:

1) MEJORAR LA LEY DE REPARACIONES

La ley sobre reparaciones aprobada en 1992 sólo ha tenido efectos de escaso alcance, que mal pueden estimar satisfactorios las familias afectadas. Esa ley no ha contribuido adecuadamente a mejorar la situación de personas, en su mayoría muy humildes, cuya vida familiar fue alcanzada por la tragedia de perder a uno de los suyos: ellas siguen hoy entrampadas por el evidente uso político que de esa tragedia hacen ciertos grupos interesados en mantener indefinidamente esta situación.

Dado lo anterior, planteamos:

Aprobar a la mayor brevedad una nueva ley de reparaciones, que mejore las condiciones de la hoy vigente, tanto en los montos de las pensiones como en los beneficios de salud y educación, y ampliada a aquellos casos en los que, no habiendo hoy ascendientes ni descendientes vivos, puedan tales reparaciones otorgarse a los hermanos de las víctimas. Podrán acogerse a esta ley los familiares de todas las víctimas consignadas en el Informe Rettig, o en el complementario de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

2) CREAR UNA NUEVA OPCIÓN PARA LAS INDEMNIZACIONES

En el cuadro actual, el 98% de los casos de las familias que han demandado indemnización civil por el daño causado han visto frustrada su expectativa, porque las sentencias acogieron la alegación en contrario del Consejo de Defensa del Estado -en cumplimiento de su obligación legal-, sea por prescripción, sea porque sus abogados no hicieron oportuna reserva de la acción indemnizatoria.

Por otra parte, la mayoría de quienes interpusieron oportunamente acción indemnizatoria no puede hacerla prosperar, porque se encuentra pendiente la sentencia penal, sujeta a la eventualidad de que aparezcan los restos. En suma, en lo civil, están con acciones prescritas y con dificultades probatorias; en lo penal, con procesos que pueden permanecer indefinidamente abiertos. El Consejo de Defensa del Estado, por otra parte, no está facultado para llegar a transacciones extrajudiciales.

En la práctica, las posibilidades de la inmensa mayoría de los familiares de las víctimas de obtener judicialmente una indemnización por el daño sufrido son inexistentes.

Dada esa realidad, proponemos:

Establecer por ley un sistema indemnizatorio, caso a caso, creando un derecho exigible ante el Estado, incluso si la acción estuviere prescrita, como lo está actualmente en la inmensa mayoría de los casos, abriendo para ello un plazo de 6 meses, durante el cual todas las familias de las víctimas consignadas en el Informe Rettig y en el de la Comisión de Reparación, puedan solicitar del Consejo de Defensa del Estado una indemnización por gracia, y facultando a dicho Consejo para acordar transacciones con cada demandante. Cuando se llegare a una transacción, el demandante renunciará al ulterior ejercicio de nuevas acciones civiles, todo ello sin condicionamiento ni restricción alguna en relación con el ejercicio de la acción penal. Dicha petición podrá ser formulada directamente por uno o más familiares, sin que se requiera la intervención de abogado.

Aquellos que tuvieren juicios vigentes podrán, en todo caso, optar voluntariamente por seguir en la vía ordinaria de los tribunales, o acogerse a este procedimiento especial, renunciando a la acción civil correspondiente.

Todo lo dispuesto en los dos puntos precedentes será aplicable, igualmente, a los familiares de las Fuerzas Armadas y de Orden que hayan muerto como consecuencia de actos extremistas, consignadas en el Informe Rettig, o en el complementario de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

3) AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS

Los familiares han planteado la necesidad de agilizar los procesos y, con ello, poder “cerrar sus duelos”. Conspira contra esto la falta de información, unida a la ficción de que los secuestros pudieren continuar indefinidamente.

En verdad, nadie puede, racionalmente, sostener que subsisten en 2003 secuestros permanentes iniciados en las décadas de 1970 o 1980, y que aún subsistan con posterioridad a 1990. Sobre ficciones no se puede construir nada sólido ni serio, que resuelva efectivamente los problemas de los afectados y de la sociedad. Sobre esa base, se dificulta avanzar hacia la meta de conocer la verdad y de que actúe la justicia.

Recogiendo lo solicitado por las familias que se acercaron a la UDI y lo planteado públicamente por las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, para este efecto proponemos, para facilitar el conocimiento del paradero de los restos de sus familiares, establecer por ley la apertura de un plazo, para que el juez de la causa respectiva pueda recibir, por cualquier vía y sin formalidad alguna, información eficaz y conducente a dicho efecto. Para complementar el resultado de las fórmulas previamente ensayadas con este fin, la ley establecerá una rebaja de la pena o, alternativamente, una atenuante calificada a quien entregue tal información, si fuere el autor o cómplice del hecho delictivo, y una eximente de responsabilidad, si fuere encubridor.

Vencido este plazo se abren dos escenarios sobre los cuales el Juez deberá pronunciarse, dentro del marco jurídico vigente:

a) Si aparecieren los restos, el juez deberá declarar el fallecimiento de la persona, fijar la fecha en que, a su juicio, habría acaecido su muerte.

b) Vencido ese plazo sin que hayan aparecido los restos, el juez deberá adoptar una de las siguientes dos opciones:

i) Determinar que continúa el secuestro, si estimare que tiene antecedentes para ello. En tal caso, el juez deberá pronunciarse por resolución fundada, respecto de los motivos en que apoya su convicción de que el secuestro continúa.

ii) Determinar por resolución fundada que, pese a no encontrarse los restos, sobre la base de los antecedentes que obran en el mismo proceso, en otros procesos similares, u otros de que pueda disponer, ha arribado a la convicción de que la persona desaparecida ha fallecido. Deberá también fijar la fecha en que, a su juicio, habría acaecido esa muerte.

El Ejecutivo asignará urgencia a la tramitación de los proyectos de ley que consagren las precedentes vías de agilización de los procesos. Todo ello dentro del marco de nuestro estado de derecho y con pleno respeto a los principios jurídicos que informan la legislación vigente.

4) MEDIDAS PROCESALES COMPLEMENTARIAS

a) El Gobierno adoptará las medidas que permitan que el Servicio Médico Legal cumpla adecuadamente con su deber de realizar y entregar oportunamente a los tribunales los resultados de los exámenes periciales requeridos en los juicios objeto de la presente propuesta. Dicho proyecto deberá contemplar todas las vías conducentes a ese efecto, incluida la facultad de contratar la realización de tales pericias a entidades técnicamente habilitadas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

b) Los procesos por derechos humanos gozarán de preferencia para ser vistos en las Cortes.

c) Se solicitará de la Corte Suprema la mantención de los jueces de dedicación exclusiva.

5) REHABILITACIONES MORALES

Los familiares que se han acercado a la UDI han expresado, asimismo, que, más allá de las medidas de reparación material, tienen para ellos una gran importancia las reparaciones morales, que permitan recuperar el buen nombre y la consideración social de sus seres queridos ausentes.

En consecuencia, planteamos:

i) A la luz de la realidad que hoy vivimos y en procura de consolidar la verdadera reconciliación, proponemos dictar una ley que declare rehabilitados, para todos los efectos públicos que procedan, a las personas condenadas por tribunales militares por delitos de traición a la patria, en atención a calificaciones jurídicas de la época. El documento que acredite esta rehabilitación podrá ser solicitado al Ministerio de Justicia, sin sujeción a formalidad alguna.

ii) Por erogación pública, erigir un Memorial por la Vida y la Paz, que recuerde a todas las víctimas de la violencia política, y que simbolice el compromiso de la sociedad chilena con la voluntad de erradicar para siempre la violencia de nuestra convivencia.

IV) CON GENEROSIDAD SE CONSTRUYE LA PAZ

Al reiniciarse la democracia, lamentablemente continuó la acción de la violencia. Con la presente propuesta, la UDI busca contribuir efectivamente al cierre de esa “espiral de violencia política”9 que nuestro país ha sufrido desde la década de 1960 y que “los actores de entonces provocaron o no supieron evitar”10. Los chilenos hemos sufrido ya demasiado por esa causa: a la luz de lo ocurrido en estos años, es necesario que terminemos de encarnizarnos en nuestras propias heridas y en la división de nuestra propia casa.

Por eso, al concluir nuestra propuesta, como testimonio de nuestra voluntad de pacificación, proponemos que el Presidente de la República, conjuntamente con los proyectos antes referidos y con igual urgencia, presente también un proyecto de ley de indulto general, que beneficie a todos los condenados en virtud de la ley sobre conductas terroristas, por hechos perpetrados entre el 11 de marzo de 1990 y la fecha de publicación de esta ley, que hayan cumplido ya más de 10 años de prisión efectiva.

Los familiares de las víctimas de esos hechos de violencia, tanto civiles como aquellos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, de Orden y de Gendarmería tendrán derecho a los mismos beneficios de la ley de reparaciones y a las indemnizaciones antes señaladas.

Específica y adicionalmente, llamamos al Presidente de la República a utilizar los instrumentos diplomáticos y jurídicos conducentes a que Mauricio Hernández Norambuena, condenado a presidio perpetuo y, asimismo, los demás partícipes a cualquier título en el asesinato de nuestro líder y fundador, Jaime Guzmán, sean extraditados desde los países donde se hallen, o puedan reingresar al territorio nacional con la plena seguridad jurídica de que se beneficiarán en Chile de los efectos de esta ley general de indulto. Comprometemos a la aprobación de ésta todo nuestro apoyo.

Las familias de Simón Yévenes y de Jaime Guzmán, al igual que esas muchas otras familias que recientemente se han acercado a la UDI, se unen en este ardoroso ánimo y voluntad de perdón, que ofrenda el dolor propio en aras de la pacificación nacional y del logro de un país mejor para las nuevas generaciones.

Hemos buscado testimoniar así, en forma inequívoca y ante todo el país, la voluntad real y sincera de la UDI de contribuir al reencuentro entre todos los chilenos, para superar 40 años de violencia política en Chile.

Jaime Guzmán fue asesinado inmediatamente después de oponerse a la reforma constitucional que le entregaba la facultad al Presidente de la República de indultar a delincuentes terroristas, en 1991. Ese crimen, premeditado por grupos extremistas bien identificados, permanece hasta hoy en impunidad, y todos los esfuerzos realizados para conseguir verdad y justicia, en plena democracia, han enfrentado toda clase de entorpecimientos. Una injustificable inoperancia y escaso celo, permitió una fuga escandalosa de los pocos hechores detenidos, su fácil huída del país y una asombrosa ineficacia diplomática para obtener la colaboración de países amigos con miras a lograr su justa sanción judicial.

Hoy, en testimonio de que su muerte no fue en vano y recogiendo su invariable mensaje de amor a Dios y a la Patria, en aras de la paz entre los chilenos, manifestamos nuestra voluntad de concurrir a otorgar estos indultos. Esto tiene para nosotros una especialísima significación, por el dolor que su muerte significó y significa para la UDI. Lo ofrecemos en señal de reconciliación.

No ha sido fácil para nosotros dar este último paso, porque no hemos recibido justicia alguna tras el crimen del único Senador chileno que haya sido asesinado en toda la historia de la República, nuestro fundador, inspirador y líder.

embargo, estamos ciertos de que éste es un paso que Jaime Guzmán habría querido que diéramos. Al despedir los restos de Simón Yévenes, nuestro primer mártir, asesinado por extremistas por su calidad de dirigente poblacional de la UDI, comenzó diciendo:

“Que mis primeras palabras sean de perdón y no de rencor. Que nuestros primeros sentimientos sean de amor y no de odio".

Ese es el espíritu que mueve hoy a la UDI a plantear esta propuesta. Ojalá ella sea acogida con igual espíritu, por el bien de todo Chile.