El informe y propuesta elaborado por los cuatro integrantes del grupo tiene como meta la creación de una unidad central compuesta por integrantes de las tres autoridades mencionadas. La necesidad se hace cada vez más urgente ya que el consejo de ministros de la UE decidió en 2003 emplazar a los países miembros a organizar tales unidades, debido a que el intento de refugiarse en territorio europeo de tales individuos era cada vez más notorio.

Este coordinación entre distintas autoridades la inició Holanda ya en 1998, siguiendo el ejemplo algo más tarde Noruega (2002) y Dinamarca (2003). Suecia sin embargo ha seguido hasta ahora con su antiguo modelo. Cada distrito policial –son 21- investiga por su cuenta las denuncias que puedan presentarse. Hoy son 24 los casos investigados en todo el país, pero el resultado es bien magro, ninguno de ellos ha llegado a los tribunales.

La razón, nos explica el fiscal Magnus Elving de la Cámara Fiscal Internacional con sede en Linköping, es que esta tarea está tan dividida en esos 21 distritos que los mismos funcionan como compatimentos estancos, y la coordinación se ha hecho prácticamente imposible por las barreras burocráticas. Además cada caso investigado es seguido sólo por un investigador y un fiscal, los cuales no tienen la preparación ni el tiempo suficiente para seguir estos casos tan complejos, enfatiza Elving.

Otro problema es la búsqueda de testigos y la tarea de persuasión para que puedan atreverse a declarar contra el/los imputados. Para muchos es una vivencia muy traumática tener que enfrentar a su verdugo y revivir los instantes más difíciles y duros de su existencia.
En Suecia existen personas que se han atrevido a denunciar algunos casos, pero como señalábamos antes, la faltad de coordinación y de personal con conocimienos suficientes, han hecho imposible hasta ahora sentar en el banquillo a los sospechosos.

Una anécdota sobre cómo estos casos pueden manejarse por la policía y fiscalía sueca nos la cuenta Naser procedente de Bosnia Hercegovina. Hace unos años unos diez testigos reconocieron a un guardia de un campo de concentración establecido por los serbios en Bosnia. El guardia se había convertido en un implacable torturador, asesino y violador en ese lugar donde habían alojado a los bosnios musulmanes. A pesar de los testigos y de sus declaraciones, el individuo quedó libre cuando la policía austríaca envió un mensaje a sus colegas suecos afirmando que habían detenido y procesado a una persona que tenía el mismo nombre que el serbio detenido en Suecia. El testimonio de los bosnios radicados aquí quedó entonces hecho añicos y el presunto violador y asesino quedó en libertad, y según Naser todavía vive en Suecia. En lugar de seguir con la investigación para descartar todo tipo de dudas, se archivó el caso, y hasta hoy esos testigos se quedaron sin la posibilidad de saber si su testimonio realmente tenía validez.

La actuales normas que en el momento de establecerlas no se pensaba en estos tipos de delitos, le impide a la unidad policial de la provincia que investiga el caso, seguir adelante en caso que el sujeto se mude de provincia. Si el fiscal no tiene una buena red de contactos con otras fiscalías, los sospechosos pueden seguir mudándose con cierta regularidad para evitar ser procesados, admite Elving.

La propuesta del grupo de trabajo constará de tres puntos a destacar: la policía creará una unidad central en el departamento de la Policía de Investigaciones Criminales (Rikskriminalpolisen) para identificar e investigar los posibles delitos de lesa humanidad cometidos y cuidará de los contactos internacionales; la Fiscalía nombrará un grupo de fiscales que trabajarán con esa unidad, y si se comprueba que el sospechoso cometió algunos de los delitos mencionados se le aplicaría una condena de no menos de cuatro años de penintenciería; Migraciones nombrará una persona de contacto que cumplirá la función de enlace entre las tres autoridades implicadas.

En el horizonte existe una seria amenaza advierten las autoridades de Migración. Y es que entre los miles de nuevos refugiados iraquíes que con toda seguridad llegarán a Suecia en los próximos meses (se calcula para el año 2007 entre 30 000 y 40 000) hayan individuos que son responsables de graves delitos, y que aprovechando el caos y la desesperación en ese país de Medio Oriente, aprovechen para huir y mantenerse impunes en Suecia o en cualquier otro país que le de asilo.

Para hacer posible la participación de posibles testigos en los futuros procesos que puedan abrirse, es necesario un programa bien definido de protección a esas personas que arriegan mucho por participar en los juicios, nos comenta el fiscal Magnus Elving.

Suecia cuenta con un solo procesado por crímenes de guerra. Se trata de Jackie Arklöv, un mercenario sueco que participó del lado de los irregulares croatas que lucharon contra los bosnios. Arklöv fue condenado por esos delitos luego que varios testigos lo reconocieran como torturador en un campo de concentración establecido por los croatas. Sin embargo la dimensión de esos delitos quedan empalidecidos comparados con las atrocidades que se cometen en otras partes del mundo.

La decisión final ahora está en manos de las tres autoridades antes mencionadas. Con toda probabilidad se aprobará el informe según fuentes de la fiscalía, y se creará la unidad central de investigación. Después de tantos años de fracasos en lograr que esos criminales de guerra sean procesados, tal vez muchas personas vean que la impunidad de sus verdugos fue un paréntesis en esa pesadilla de saber que se mueven libremente por las ciudades donde ellos mismos habitan.

Alberico Lecchini
albelecchi@gmail.com