Un informe del neozelandés Paul Hunt, relator la ONU para el derecho a la Salud, desnuda una de las carencias más notorias de la sociedad sueca, esto es el reconocimiento de que los solicitantes de asilo y los “sin papeles” - carecen del derecho de recibir una atención médica subvencionada en iguales condiciones que el resto de la población.

Un informe del neozelandés Paul Hunt, relator la ONU para el derecho a la Salud, desnuda una de las carencias más notorias de la sociedad sueca, esto es el reconocimiento de que los solicitantes de asilo y los “sin papeles” - personas que por distintas razones hoy se encuentran viviendo ilegalmente en el país- carecen del derecho de recibir una atención médica subvencionada en iguales condiciones que el resto de la población. La Cruz Roja sueca, en un comunicado de prensa exige que el gobierno modifique la ley inmediatamente para cumplir con las convenciones internacionales que ha firmado.

El informe de Paul Hunt no es en realidad inesperado. Durante años las organizaciones humanitarias vienen denunciando una clara violación de ese derecho, y algunas de ellas han montado redes de médicos que gratuitamente atienden a estos pacientes. Médicos sin Fronteras, FARR, Cruz Roja y otras organizaciones han logrado paliar esa grave carencia con este tipo de medidas solidarias, pero de alto riesgo para el paciente. No siempre los médicos pueden dar ese servicio de atención en las condiciones ideales.

La Cruz Roja desde hace un año ha creado una red de servicio “clandestino” que es la continuación del que ofrecía hasta hace un año Médicos sin Fronteras. El presidente de la Cruz Roja, Bengt Westerberg es crítico a la actual legislación que según él, viola los acuerdos internacionales firmados por Suecia. Westerberg señala que no es un problema por falta de recursos que se aplica esta política de salud, sino que “tiene como finalidad desanimar a los sin papeles y solicitantes de asilo en su persistencia de quedarse en Suecia. Se los quiere obligar a que abandonen el país”, nos dijo en una entrevista el presidente de la Cruz Roja. Las autoridades suecas deberían tomar otras medidas para convencerlos de que se marchen, y no negándoles un derecho elemental, agrega Bengt Westerberg. El presidente de la Cruz Roja señala así mismo que tanto los gobiernos pasados social demócratas como el actual, y el parlamento, son responsables de lo que ocurre.

La enfermera Charlotta Arwidsson, encargada del servicio de recepción de la Cruz Roja en Estocolmo, nos relata que ya se han montado en la capital y en otras ciudades, el mismo tipo de servicio para los solicitantes de asilo y los sin papeles. Arwidson resalta el esfuerzo solidario que hace el personal de la salud pública para dar atención a estos pacientes en forma gratuita. La capacidad de atención varía según la capacidad de cada red, señalando que en la región de Estocolmo la misma es de unos 30 pacientes por semana, con variaciones importantes. En caso de necesidad de operación, “rogamos a los cirujanos que escuchen a su conciencia y les pedimos de todo corazón que nos ayuden. A veces fracasamos, porque los costos son muy altos, pero tarde o temprano surge un alma caritativa y soluciona el problema”, nos cuenta la enfermera.

También la atención psiquiátrica está restringida o no existe para este grupo de personas. Luis Ramos Ruggiero, psicólogo y director del instituto Kris –och Traumacentrum, adjunto al hospital de Danderyd, nos confirma que según las actuales reglas, no pueden impartir esa atención a solicitantes de asilo que carecen del permiso de residencia y que se encuentran en una difícil situación luego de haber sobrevivido y escapado de situaciones límites que han dejado profundas huellas. “Hacemos a veces alguna excepción, pero no tenemos el personal suficiente, ya que el contrato que este centro tiene con el Landsting (Gobierno Provincial) es de 600 pacientes por año, 300 de los cuales son refugiados que han obtenido permiso de residencia”, nos cuenta Ramos Ruggiero.

El informe del relator de la ONU pide al gobierno sueco que es necesario revisar su política ya que viola los DDHH, y le ofrezca las mismas garantías a los solicitantes de asilo y a los sin papeles.

El ministro de Asuntos Sociales Göran Hägglund – que se encontraba de viaje oficial por Asia- reconoció que este problema debe solucionarse, y prometió estudiar la actual legislación y tomar medidas, en una entrevista hecha por la agencia sueca de noticias TT. Bengt Westerberg nos recordó que el pasado gobierno tenía preparado un proyecto de ley que limitaba aún más las posibilidades de atención médica para estos dos grupos, pero la resistencia y dudas creadas dentro de las filas del propio gobierno socialdemócrata, obligó a la entonces ministra de Migración Barbro Holmberg a guardar en un cajón de su escritorio el proyecto.

A pesar de las dificultades y las limitaciones del servicio de salud en Suecia, las personas afectadas por esa limitación luchan por sobrevivir y superar sus problemas.
- Es una paradoja, pero hay que pensar que a pesar de que ellas tienen una experiencia tan dolorosa han logrado llegar hasta aquí luego de haber sobrevivido situaciones límites. No se rinden, luchan a su manera, se ocultan, buscan ayuda allí donde saben que pueden encontrarla,.Y si pudieron llegar hasta Suecia, y vivir bajo esas limitadas condiciones, demuestran la increíble energía que les ayuda a superarlas. Es fantástico - nos dijo el psicólogo Luis Ramos Ruggiero.

Paul Hunt señala en su informe que actualmente habría unos 15 000 sin papeles en Suecia. A pesar que pueden visitar los centros de salud pública, por carecer del llamado Número Personal que se obtiene una vez concedido el permiso de residencia, deben pagar el coste completo de la visita que cuesta unas 1400 coronas (unos 150€). Un parto cuesta entre 15 000 y 20 000 coronas. “Un derecho humano básico, el derecho a la salud, debe ser un privilegio de todos los habitantes, sin discriminación” señala el relator sobre derecho a la salud de la ONU.