El hecho de mirar de afuera la política española es una ventaja para quien está interesado en ver cómo mueven las fichas los partidos que están envueltos en una lucha sin cuartel por lograr sus objetivos en estas elecciones municipales, que también son un barómetro para medir lo que ocurrirá en las presidenciales en el próximo otoño. Pero no hay dudas que desde la derrota pasada donde el PP perdió el gobierno, su táctica ha sido debilitar el gobierno del PSOE y de Rodríguez Zapatero sirviéndose del mimso tema que le posibilitó la victoria a Zapatero, es decir el terrorismo. Más no el islamista, sino el etarra.

Primero insisitiendo en que en el atentado del 11M también estuvo involucrada ETA, por medio de afirmaciones y rumores que los policías, fiscales y jueces han desechado luego que se investigaran minuciosamente todas las pruebas e indicios posibles. Sin embargo, los medios de prensa adeptos al PP y a la derecha más recalcitrante de este país, donde la Iglesia también juega su papel a favor de los conservadores debido a que ha perdido influencia bajo el gobierno del PSOE, reproducen una imagen que se basa en dos pilares.

Una es la atribuída debilidad de Zapatero frente a ETA, que se refleja en la falta de coherencia y firmeza ante lo que todos aquí llaman la “banda terrorista ETA” y su brazo político Batasuna. Para el PP y sus organizaciones satélites como la organización de familiares de víctimas del terrorismo, al gobienro le falta convicción política y firmeza mral para combatir a la organización separatista vasca. Lo que sus líderes proponen es una persecución implacable hasta que acabe con el último miembro de ETA. Su mensaje es de una retórica que recuerda la época del franquismo donde los medios para alcanzar ese fin no parecen tener límites como si la policía, guardia civil y servicios de seguridad no estuvieran avocados a tal cacería que casi a a diario demuestran que la organización vasca es golpeada tanto en España como en Francia. Cuando uno escucha el discurso de los líderes pepeístas no puede dejar de percibir una descarnada estrategia por cuestionar la política de diálogo y mano dura del gobierno de Zapatero. El PP que con José María Aznar como presidente también propició el diálogo y la negociación en la década pasada, parece haberse olvidado que sin negociación la crisis vasca jamás podrá solucionarse si la alternativa es sólo la represión.

El segundo pilar de los ataques está en la supuesta corrupción de miembros del PSOE con jugarretas que tratan de desprestigiar a líderes socialistas en un intento de desviar la atención frente a los propios miembros del PP enjuiciados o imputados por corrupción. Los alcaldes y políticos acusados y enjuiciados en diversos escándalos por haberse implicado en negocios con terrenos y urbanizaciones ilegales son cuantiosas en la costa mediterránea, donde la Comunidad Valenciana está a la cabeza, la región donde el PP domina desde hace doce años y donde gobierna en la gran mayoría de los municipios. Aquí algunos de esos alcaldes se comportan como señores feudales, con un caudillismo basado en el reparto de prebendas y beneficios que han ido soldando las lealtades de subalternos y votantes. Los consorcios de la construcción juegan asímismo un rol muy importante para sostener a tales alcaldes, ya que se aseguran de esa forma la posibilidad de seguir construyendo complejos turísticos, canchas de golf, hoteles y urbanizaciones sobre terrenos y sitios reservados como parques nacionales o lugares protegidos. Tampoco es raro ver investidos a las mismas personas en ambos roles, es decir director de empresa constructora y alcalde al mismo tiempo. Esa fiebre por establecer la llamada “economía del ladrillo” como motor del desarrollo local sin importarle las consecuencias, también ha salpicado a alcaldes socialistas que han transgredido los límites de la ley, al igual que sus pares del PP.
En Alicante el alcalde del PP Luis Díaz Alperi está imputado junto a dos concejales por haber otorgado violando las reglas de licitación al constructor más importante de la ciudad, Enrique Ortiz e Hijos, la construcción de tres aparcamientos subterráneos para coches por un valor de más de cien millones de euros.

El negocio de la construcción en España se ha convertido en una maravillosa forma de lavar dinero del narcotráfico, el tráfico de armas y la prostitución entre otros negocios de las mafias y grupos económicos que dominan por el momento la escena internacional. El caso más resonante ha sido la llamada Operación Malaya, donde el alcalde de Marbella junto a otros políticos y empresarios han ido a la cárcel por los millonarios negociados con terrenos y urbanización en ese famoso balneario de la Costa de Oro. En la trama está imputada además la estrella nacional del cancionero andaluz Isabel Pantoja.
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Una ley del suelo propuesta por el gobierno de Zapatero pretende frenar ahora ese desarrollo, ya que hasta la UE ha denunciado la falta total de planificación urbana en muchos sitios de la costa, donde uno de los peligros que se avecinan -o ya están presentes- es la escasez de agua y el riesgo de que esas urbanizaciones y la propia agricultura queden en el futuro abandonadas a falta de ese vital elemento. La política del gobierno es establecer desaladoras en la costa para proporcionar agua potable a la región, mientras que la solución del PP es el trasvace el Ebro hacia la Comunidad Valenciana, una medida que fue abortada por el gobierno de Zapatero y la crítica de los grupos ecologistas. Sin embargo el PP insiste en esta comunidad que de ganar el gobierno en las próximas elecciones, desempolvará tal plan para seguir con su proyecto de convertir a la Costa Blanca en el centro turístico más importante de España. Un proyecto que ya está en camino sin dudas al conocerse las últimas estadísticas que muestran que el turismo en la ciudad de Valencia creció un 60 por ciento en el último quinquenio, por encima de cualquier otra ciudad española.

Pero si un episodio ha provocado que la polémica levante aún más polvareda fueron las declaraciones de Bernier Ecclestone, el padrino de la Fórmula 1, quien afirmó sin ningún empacho que aceptaría que la ciudad deValencia recibiera la competencia de los bólidos si el PP gobernaba la comunidad después de las próximas elecciones. El hecho protagonizado por el director del consorcio que maneja miles de millones de euros para realizar esa competencia en diversos lugares del mundo, cayó como una bomba ya que la solidez y blindaje del sistema democrático valenciano a menudo bajo sospecha, se resquebrajó aún más junto con los rostros sonrientes de sus dirigentes, que a pesar de su euforia por dicho apoyo no pudieron ocultar que ese espaldarazo los deja ante un electorado que se preguntará probablemente quién elige realmente a los gobernantes de la Comunidad.

Este modelo de desarrollo basado en el turismo y el ladrillo adoptado por el PP en Valencia, ha originado hasta ahora un déficit de 22 mil millones de euros en el presupuesto de la Comunidad, según la oposición socialista. Esta propone en cambio un modelo de desarrollo alternativo fomentando la producción con más valor agregado, al mismo tiempo que se quiere crear nuevos centros de educación para elevar la calidad de los profesionales valencianos. Sin embargo las encuestas sobre la intención de voto siguen mostrando que la mayoría de los ciudadanos en Valencia siguen prefiriendo al PP y su programa. Qué nos dice esa realidad sobre la sociedad valenciana que sigue apoyando por un modelo de desarrollo que nadie duda va a desembocar en un callejón sin salida, permite muchas interpretaciones. La más aceptada es que los ciudadanos que votan al PP ven el el líder regional Francisco Camps como una garantía para proponer políticas más efectivas contra la inmigración y la inseguridad, dos fantasmas que recorren Europa de norte a sur.
La misma está azuzada por un lado por el crecimiento de los delitos como robos y asaltos a viviendas y lugares públicos, donde la popular Torrevieja visitada y habitada por miles de ciudadanos nórdicos, está a la cabeza de todo el país. El año pasado se denunciaron ante la guradiacivil 27 000 casos por aquéllos delitos, prácticamente el mismo número que Madrid, con una población diez veces mayor. El desembarco en Canarias y Andalucía de miles de inmigrantes africanos del Magreb y de la costa Occidental en frágiles cayucos que no pocas veces naufragan aumenta la xenofobia y el rechazo en muchos sectores del país. Por último, los beneficios económicos y materiales que a corto plazo ha originado para muchos valencianos la política del PP, aseguran una probable continuidad de esta alternativa a pesar de los escándalos que a diario afectan a sus dirigentes.

Para el PSOE tal vez sea el momento si se cumplen las predicciones, de revisar su estrategia y la elección de sus propios líderes, cuyo carisma y programas no alcanzan a convencer a los valencianos que han preferido en cambio votar por las políticas del PP. A Izquierda Unida y a los Verdes les queda mucho por remar para lograr superar índices que los dejan muy atrás en la intención de voto. Los llamados “progres” en España, no logran convencer a la opinión pública de que sus políticas son visionarias, y las únicas que probablemente puedan asegurar un desarrollo sostenido en una región que según los pronósticos científicos puede convertirse en una prolongación del Sahara dentro de 70 a100 años.