En la colmada sala de conferencias del Museo Mediterráneo, frente al Palacio de Relaciones Exteriores, un grupo de ONGs suecas ( entre otras Röda Korset, Diakonia, Forum Syd, y Svenska FN Förbundet que organizó el encuentro) debatieron hace unos días con la ministra Gunilla Carlsson el cambio de orientación en la asistencia al desaroollo que el gobierno de la Alianza pretende poner en práctica. La asistencia bilateral al desarrollo alcanza hoy día al 1 por ciento del PBI, unos 27 mil millones de coronas. El camino definido tiene como objetivo concentrar esa ayuda en los países más necesitados y hacerla más efectiva.

El temor de las ONGs es que parte de esa ayuda que hoy está orientada a apoyar las organizaciones que trabajan por democratizar sus sociedades y defender los DDHH pueden perder parte o todos los recursos que ayudan a financiar esas actividades.
Las organizaciones piden por eso que se apliquen nuevos métodos que aseguren la continuidad de ese trabajo en los países que pueden dejar de recibir la asistencia bilateral.

El gobierno de todas formas ha logrado un consenso bastante amplio a su nueva política, no sólo en el parlamento, sino también dentro de las ONGs que con las reservas mencionadas, apoyan el nuevo paradigma. Y es que en muchos casos la ayuda bilateral no llegaba a quienes realmente lo necesitaban, sino a gobiernos y autoridades que empleaban esos fondos no para ayudar a salir de la miseria a sus ciudadanos, sino para fortalecer los aparatos de control y vigilancia a través de incluir en su presupuesto los recursos llegados desde Suecia. O para beneficio de propio de gobernantes y funcionarios.

El cambio de orientación se establece luego de la llamada Declaración de París, donde los países ricos con políticas de asistencia al desarrollo prometieron coordinar y armonizar esas ayudas, lo cual constituye un paso adelante en ese esfuerzo por erradicar la pobreza para el 2015, la Meta del Milenio como se la ha denominado, han expresado las ONGs en una carta abierta a la ministra Carlsson.

Una meta que cada vez se hace más inalcanzable a pesar de algunos avances en ciertas regiones del planeta, ya que las guerras y conflictos en vez de disminuir, por el contrario crecen en número, y donde los fondos de los países ricos tienen la tendencia de regresar por arte de magia a esos mismos países a través de contratos y acuerdos que atan las manos a las naciones que reciben esa “ayuda”.

La intención es que los países ricos en realidad abandonen la idea de favorecer sus propias prioridades y la elección de sus proyectos favoritos, los cuales deberían adaptarse a las prioridades que los propios países receptores de la ayuda hacen en sus estrategias para combatir la pobreza y el subdesarrollo.

Sin embargo esa estrategia tiene también sus riesgos si no se fortalece el apoyo a medios de prensa independientes y a la sociedad civil y sus organizaciones, esto es los partidos políticos, sindicatos, ONGs locales, etc. La advertencia se justifica según las ONGs suecas, en la medida en que a pesar de la reducción del número de países, los fondos de ayuda sólo se orienten a financiar a las autoridades y gobiernos de esos países con sociedades civiles débiles y donde los DDHH no se respetan. El riesgo de que aumente la corrupción se multiplica, y una vez más se fortalezca al actual modelo que existe en tantos países y que se pretende cambiar.

Entre los ejemplos que se nombraron en el debate sobre cómo los movimientos y organizaciones civiles luchan por democratizar sus sociedades gobernadas por élites enriquecidas a costa de la pobreza de la población o por partidos políticos únicos, estuvieron Vietnam, Kambodja en Asia, y Guatemala, El Slavador y Bolivía en las Américas y diversos países en el continente africano.

La ministra Carlsson salió al paso sin embargo al pedido que hizo Svenska FN Förbundet de que las ONGs suecas pudieran participar en el diseño de la estrategia de ayuda al desarrollo , indicando que le corresponde solamente al gobierno definirla, aunque matizó estar dispuesta a considerar nuevas iniciativas para desarrollar las políticas de DDHH y democratización.

Otro aspecto que las ONGs criticaron es que en la futura definición de cuáles países serán los beneficiados por la ayuda sueca, es que para establecerla se tenía en cuenta casi sin excepciones, los informes de las embajadas y representaciones diplomáticas en los respectivos países, mientras que los propios informes de las ONGs en la mayoría de los casos no se tenían en cuenta. Las organizaciones temen que el conocimiento acumulados sobre esas sociedades durante décadas, sea desperdiciada.

Esta actitud está en plena contradicción además con la decisión del Parlamento cuando definió su Política para el Desarrollo Global (PGU) donde se remarcaba que la cooperación entre las organizaciones suecas y las internacionales debían fortalecerse y ampliarse tanto en la coordinación del trabajo concreto por el desarrollo como en la elaboración de esas políticas, escriben en la carta a la ministra estas ONGs. Esa estrategia debe formularse y aplicarse en diálogo con las organizaciones voluntarias, establece el comité parlamentario responsable de esta área (UU dic. 2003)

Las organizaciones piden a la ministra Gunilla Carlsson que se tomen en cuenta la experiencia y conocimientos que se tienen sobre los países comprendidos en la política de la ayuda sueca; también se le pide a la ministra que se asegure la asistencia a los proyectos de para fortalecer el trabajo por los DDHH y democratización, y que los mismos continúen a partir de nuevas formas y métodos a pesar que el país en sí deje de recibir los fondos de asistencia el desarrollo.