CESAR OLLERO, PADRE DE UNA SECUESTRADA POR LA ESMA

“Zaffaroni me ayudó a investigar” Los críticos de la designación de Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema argumentan ahora que cuando era juez rechazó un hábeas corpus. Aquí el padre de una desaparecida cuenta por qué eso es falso.

Por Martín Granovsky
Sin buenos argumentos a mano, los críticos de la designación de Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema ya probaron todo. Primero, por derecha, presentaron a Zaffaroni como un enemigo de la familia porque no es casado. Y ahora, por “izquierda”, fabricaron el caso de un juez, presuntamente Zaffaroni, que durante la dictadura denegó el habeas corpus en favor de una desaparecida, Inés Ollero. El problema es que Zaffaroni no lo firmó, tal como ayer aclaró a Página/12 César Ollero, padre de Inés. Todo lo contrario: “Zaffaroni me ayudó durante cuatro años y su trabajo sirvió para investigar la Escuela de Mecánica de la Armada”.
Inés era una militante de 21 años de la Federación Juvenil Comunista cuando el 19 de julio de 1977, mientras volvía a su casa en el colectivo 187, una pinza militar hizo bajar a los pasajeros y los llevó a la comisaría 49. Inés tenía encima lo que en ese momento se llamaba “literatura extremista”. Una patota la secuestró en la comisaría. Ocho años después, en 1985, dos ex detenidas-desaparecidas dirían en el juicio a los ex comandantes que habían visto a Inés con vida en la ESMA. Ella sigue desaparecida.
Cuando César Ollero comprobó que su hija no volvía y que una de las hipótesis era un secuestro recurrió a su propia experiencia como ex secuestrado y antiguo preso.
–Lo primero, en esos casos, es blanquearse –dijo ayer a Página/12–. Pasar de secuestrado a preso. Y para eso se necesitan pistas y testimonios.
Ollero nació en 1920. Hoy es un tipo hiperquinético de 84 años con una memoria maravillosa. Contó que en 1936, a los 16 años, era obrero metalúrgico y dibujante y ayudó a la España republicana decorando los cines y teatros para los actos. Como metalúrgico era empleado de Klögner, una fábrica de carpintería metálica que terminó elaborando y proveyendo armas a los nazis alemanes.
–No era fácil. De 900 obreros, 400 estaban enrolados en el Frente del Trabajo alemán. Eran nazis. Una vez, para combatirlos, los demás nos pusimos de acuerdo y quemamos en una pira los diarios nazis que les llegaban todos los días.
Klögner quedaba en Villa del Parque, pegada a la casa de los Ollero. César era delegado sindical, pero no siempre podía volver a su casa. Era peligroso. Lo curioso es que muchas veces no iba a su casa pero sí a la fábrica. Cuando lo conseguía, a las siete de la mañana golpeaba una pared que daba a la cocina, para que la familia supiera que estaba bien. Y si no iba a trabajar, los encargados de golpear la pared eran sus compañeros. Así, la familia tenía noticias.
Hasta julio de 1941 Ollero desarrolló solo su militancia sindical. Llegó a ser secretario de organización del sindicato metalúrgico. Pero en el ‘41 se afilió al Partido Comunista, del que se desprendería pocos años después.
–Me hice comunista el día en que Adolfo Hitler invadió la Unión Soviética –contó ayer, recordando una lógica que habría compartido entonces André Malraux.
Ollero estuvo 45 días secuestrado en el Departamento de Policía. Se encargó de él la famosa Sección Especial, creada en 1930 y precursora de la aplicación sistemática de la picana eléctrica en la Argentina. César se salvó porque lo vio en la policía un grupo de obreros gráficos que entró en manifestación al Departamento. Quedó blanqueado. En adelante sería un preso legal que recalaría en un campo de concentración montado por el gobierno pronazi que asumió en 1943 en la isla Martín García.
–Estuve ahí hasta el 19 de julio de 1945. Fíjese qué coincidencia. El mismo día en que en 1977 detuvieron a Inés.
–¿Usted conoció a Zaffaroni ya en 1977?
–Sí. Era juez de primera instancia.
–¿Cómo lo conoció? –Llegué con el caso de mi hija y le dije: “Antes de rechazar el habeas corpus déme 15 días”. No solo me creyó sino que firmó un papel avalándome. Puso que yo era una persona honorable cuando ni me conocía. Y le cumplí. Le llevé al chofer del colectivo y a dos de los 15 pasajeros que habían sido demorados.
–¿A él le presentó el recurso de habeas corpus por su hija?
–Sí.
Los nuevos críticos de la designación de Zaffaroni en la Corte Suprema, como lo declaró a Ambito Financiero la senadora Liliana Teresita Negre de Alonso, del Partido Justicialista de San Luis, anunciaron que se opondrán a Zaffaroni entre otros motivos porque “sus familiares presentaron un habeas corpus que rechazó Zaffaroni, el 4 de octubre de 1977”. Negre dijo que la Cámara Federal ratificó el fallo, pero no la Corte Suprema del mismo proceso militar, que criticó al juez de primera instancia por no haber tomado las medidas necesarias para garantizar la vida de Inés Olleros”. La “s” está de más. Ollero es así, sin ese. Según la senadora la Corte dijo que “el juez debió extremar la investigación a fin de establecer el estado y situación personal de la víctima, privada de la libertad por obra de funcionarios públicos”. El concepto es sustancialmente el mismo, pero las palabras no. ¿Negre citó de memoria, fue mal transcripta o leyó un dossier incompleto?
–¿Qué contestó Zaffaroni a su pedido de habeas corpus? –preguntó ayer Página/12 a César Ollero.
–No lo contestó.
–¿Y qué hizo?
–Nada. Zaffaroni estaba de licencia.
En ese punto de la charla Ollero extendió un papel fechado el 4 de octubre de 1977. El juez dice que “de las contestaciones recibidas” de los organismos de seguridad “se desprende con claridad que Inés Ollero no se encuentra privada de su libertad por disposición de ninguna de dichas autoridades”, y rechaza el habeas corpus.
–Mire la firma –pidió Ollero–. No es la de Zaffaroni, es la del juez subrogante, León Arslanian. Aunque debo decirle que incluso Arslanian dejó una puerta abierta para la investigación.
La puerta quedó expresada de este modo: “Pudiendo la beneficiaria de este recurso ser sujeto pasivo de algún delito de acción pública, tal como privación ilegal de su libertad, corresponde que tal supuesto sea investigado en sede judicial por el magistrado que, por sorteo, corresponda intervenir”.
Luego de que el caso pasara por la Cámara Federal y por la Corte Suprema, Zaffaroni siguió con la investigación. Ordenó comparecer a los 35 policías de la seccional 49 que trabajaron no solo el 19 sino también el 20 de julio de 1977, a los presos que estaban en la comisaría, a los representantes de las líneas de colectivos números 111 y 187, al colectivero y a los pasajeros. Por informes llegó al director de la Escuela de Mecánica de la Armada, en ese momento Rubén Chamorro, y también recabó datos al Cuerpo de Ejército Uno, el Ministerio del Interior, el Comando en Jefe del Ejército y la Policía Federal.
Cuando el expediente ya tenía 240 fojas, algo poco habitual para un trámite de habeas corpus, y más con los jueces de tiempos de la dictadura, Zaffaroni se lamentó en un fallo del 25 de septiembre de 1978 que no hubiera “quedado, hasta ahora, establecido, de un modo incontrastable, qué autoridad pública ha restringido o restringe sin derecho la libertad de la beneficiaria señorita Inés Ollero, y ni siquiera si, en efecto, se trata de alguna autoridad”.
Según Zaffaroni otros trámites serían razonables, pero excederían el marco de una acción de habeas corpus, típica para determinar un paradero y conseguir que cese una privación injusta de la libertad. Ollero y la defensa habían pedido identificar al personal militar que había intervenido. “Carezco de las facultades que tienen los jueces deinstrucción, lo que me impide, entre otras muchas cosas, ordenar el secreto de las actuaciones y, por otra parte, de seguir avanzando en la investigación, corro el riesgo de insistir en tomar declaraciones testimoniales a personas que eventualmente podrían llegar a ser procesadas”, opinó. “De aquí en adelante lo único que puede haber es la investigación de un delito y, por consiguiente, el medio naturalmente pertinente para hacerlo no es ya un recurso de habeas corpus”, escribió Zaffaroni antes de fallar, ahí sí y después de una profunda investigación, que rechazaba el habeas corpus.
El 15 de diciembre de 1977 un fallo de la Cámara Federal, firmado por Guillermo de la Riestra, Horacio Vera Ocampo y Néstor Nicolás Gómez, con José Massoni de secretario, ordenó a Zaffaroni seguir investigando luego de elogiar su “exhaustiva y tan meritoria investigación cumplida”, a tal punto que acreditó que el procedimiento “fue efectuado por personal de la Escuela de Mecánica de la Armada, al mando de un oficial presumiblemente de grado de teniente”.
Ya con el aval de la Cámara, Zaffaroni avanzó hasta construir lo que César Ollero definió ayer como “el juicio de habeas corpus más completo del mundo”.
–La investigación fue tan buena que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA eligió el caso de mi hija para dar referencias, en 14 páginas, de todo el andamiaje de la dictadura. Y la posibilidad de llegar a expresar al conjunto de los afectados se desprendió de aquel trámite de habeas corpus. La misma Comisión elogia “las investigaciones realizadas por el juez de la causa”.
–¿Usted vio a Zaffaroni desde aquel momento, señor Ollero?
–No.
–¿Por qué se preocupa tanto ahora?
–Porque lo atacan injustamente. Trabajó bien. Yo tengo una modesta opinión: “A tal señor, gran honor”.
César Ollero no sigue en el Partido Comunista. En 1946 no se hizo peronista, a pesar de que el nuevo gobierno intentó convencerlo y hasta seducirlo con dinero, pero no soportó la alianza con los conservadores en la Unión Democrática. En cuanto a la militancia sindical, la mantuvo hasta que cambió de trabajo. Eso fue cuando consiguió un pequeño préstamo de un amigo, de 1400 pesos, y en una casa de Dock Sud montó una heladera comercial tan grande que para sacarla de allí debió recortar la ventana. Ollero vivió como industrial (fabricó las heladeras Turena y las motocicletas Tehuelche) y un día de julio de 1977 dio por terminada esa etapa. “Con Inés bajé la cortina”, dijo ayer. “Tenía que dedicarme a ella.”

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