SANTIAGO. (AFP). El Gobierno chileno
busca eliminar una "ley reservada"
que promulgó la dictadura
de Augusto Pinochet y suprimir
los recursos extras para las Fuerzas
Armadas destinados a la compra
de material bélico provenientes
de las ventas del cobre, que este
año aportarán unos
1.200 millones de dólares.
La modificación que pretende
el gobierno de la socialista Michelle
Bachelet es el primer intento
de uno de los cuatro gobiernos
democráticos tras el fin
del régimen militar, en
1990, para acabar con la ley reservada,
que se ha convertido en una de
las mayores fuentes de financiamiento
para armas en América Latina.
El tema es polémico en
Chile, y ya dos legisladores de
la derecha anunciaron que se opondrán
al propósito gubernamental
de modificar esa norma, anunciado
la semana pasada por la ministra
de Defensa, Vivianne Blanlot,
quien señaló que
las Fuerzas Armadas tienen excedentes
en su presupuesto que "perfectamente
se pueden usar en otro gasto social".
Solo este año, producto
de un espectacular incremento
en el precio del cobre, la ley
aportará a las Fuerzas
Armadas chilenas unos 1.200 millones
de dólares, que se suman
a los 826 millones del 2005, destinados
exclusivamente a la adquisición
de sistemas de armas e insumos
asociados.
La norma establece que el 10%
de las ventas totales de la empresa
estatal de Cobre, Codelco, la
principal productora mundial de
metal, debe ser traspasado íntegramente
a las Fuerzas Armadas cada año.
Su carácter reservado
determina que las cuentas donde
son depositados los recursos sean
secretas, al igual que su contabilidad,
lo que hace imposible conocer
desde fuera en qué finalmente
son gastados esos dineros.
Pese a que su derogación
aparecía como uno de los
pilares del programa que dio vida
a la Concertación Democrática,
la coalición de centro-izquierda
en el poder desde hace 16 años,
ninguno de sus anteriores gobiernos
intentó modificar la ley.
La oposición de los partidos
de derecha y la amenazante presencia
del general Pinochet hasta 1998
como comandante en Jefe del Ejército
impidieron la abolición
de la norma, considerada como
una argucia legal de la dictadura
para asegurar a los militares
recursos e influencia en democracia.
Su eventual modificación
comenzará a ser discutida
el primer semestre del 2007; para
ese periodo, el gobierno de Bachelet
se ha comprometido a enviar el
proyecto legislativo al Congreso.
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