Recientemente el senador uruguayo Fernández Huidobro contribuyó a esta polémica afirmando que "no quiero una sociedad en la que todos estén armados, pero estamos viviendo una situación excepcional". ¿Por qué estamos viviendo una situación excepcional? ¿Por el último terremoto que golpeó Chile o Afganistán? ¿Por los ciclos solares o por la crisis financiera en Estados Unidos y Japón? Los opositores al gobierno que integra el mismo Huidobro dirán que todo se debe a la mano blanda de la izquierda en el poder. Pero podemos ampliar aun más la pregunta: ¿realmente estamos viviendo una situación excepcional?

Quizás Uruguay se consideraría un oasis de paz si por un día tuviese dentro de sus fronteras los problemas que tiene México, por ejemplo. No obstante, la violencia civil en Uruguay, Brasil, Estados Unidos o España tiene muchas variaciones pero en el fondo es algo natural, consustancial de cualquier sociedad y particularmente lógico y consecuente con nuestras sociedades del último capitalismo. Desde antes de la Segunda Guerra, en Estados Unidos la violencia social que produce el capitalismo se contrarresta con el minucioso trabajo de las iglesias y, sobre todo, con agresivos programas socialistas que llevan otros nombres, de la misma forma que en los países socialistas la violencia política se neutraliza con el comercio capitalista.

La delincuencia ilegal puede crecer o decrecer periódicamente, no por una fatalidad del destino sino porque una sociedad aplica alguno de los dos métodos conocidos desde el Renacimiento: (1) aumenta la represión del Estado o (2) disminuye su violencia estructural, es decir, económica, social, racial, domestica, ideológica, religiosa y moral. La violencia moral es normalmente contenida por la represión ideológica o por la contención de la religión y del espectáculo mediático. Es violencia ideológica cuando el senador José Mujica elogia a un universitario por no parecer universitario, lo cual tiene muchas lecturas y entre ellas está el desprecio por los meritos intelectuales. Este tipo de violencia es aún menor y menos tradicional que la asumida por la vieja oligarquía que, además de vivir del sudor de los trabajadores (por algo "trabajador" ha sido siempre un meritorio eufemismo de "pobre") se encargó de organizar con sutileza su humillación que frecuentemente incluía ideoléxicos como "vago", "vulgar" o "naco".

El senador Huidobro agregó: "la delincuencia de hoy no tiene códigos, no cuentan con una ética". Se asume que la delincuencia de ayer sí tenía códigos y ética. De hecho todo grupo, incluido los criminales, se organiza según unos códigos y una ética. Pero asumimos que no son estos tipos de códigos y éticas los que una sociedad está dispuesta a promover; ni siquiera los mismos delincuentes, que perderían competitividad y clientes en una sociedad sin trabajadores honestos. Según el senador Fernández Huidobro, "el colmo es que ni los presos pueden hoy vivir en paz porque nos han copado hasta las mismísimas cárceles". Lo cual no es absurdo sino parte de la misma lógica: muchos de los que están presos son delincuentes. Es como observar que los niños están copando las guarderías y los kindergartens y no paran de provocar problemas con sus llantos y gritos.

Huidobro no mejora su posición dialéctica cuando insiste en que "la delincuencia de hoy pertenece a una civilización desconocida, nueva, que se autoexcluye y que no es la nuestra, la que siempre conocimos". Más tarde, según el diario La Republica de Montevideo, el mismo senador confiesa "no saber en qué momento comenzó a generarse este grado de violencia en la sociedad, esta 'nueva civilización', aunque 'el fenómeno de las llamadas barras bravas es un invento relativamente nuevo'" (21-11-208). Todo lo cual es un problema menor de diagnostico (no hay ninguna civilización nueva) y de percepción, ya que si hay algo antiguo en el mundo son las turbas y las organizaciones criminales.

Lo que debería preocuparnos es que en lugar de progresar como sociedades seguimos estancados. No hay nada nuevo: tenemos la misma enfermedad que hace un siglo pero agravada por la cultura y las condiciones materiales del siglo XXI.

Una juventud donde mandan los viejos

Cuando en el siglo XIX en América latina se discutía quiénes tenían derecho al voto, la mayoría de los políticos e intelectuales de la época estaban de acuerdo que el derecho debía ser reservado a quienes tenían propiedades. Algunos, incluso, fijaron el monto de la riqueza de cada persona para mantener este novedoso derecho. El argumento radicaba en que quien era propietario era más responsable que quien no lo era. Lógico: alguien tiende a ser responsable cuando cuida sus propios intereses. Pero estos intereses implicaban una injusticia en la privación de un derecho civil de aquellos que no tenían ni siquiera el beneficio de la estabilidad económica. Es decir, la violencia económica se reproducía a sí misma a través de la violencia ideológica y moral.

El fenómeno de la violencia civil es una consecuencia lógica, no una contradicción, de cualquier sociedad consumista. Más en los países pobres. Aparentemente los linchamientos como en Mozambique o los más recientes de Bolivia tienen un efecto de corto plazo en la contención de la delincuencia y un efecto de largo plazo en la creación de sociedades aterrorizadas y reprimidas, sin contar con la injusticia que estos juicios irracionales suelen traer. Es difícil que una sociedad madura, o que pretende madurar más allá de un estado cavernícola pueda proponer métodos tan precarios que pudieron funcionar a la escala de una tribu pero resultaría el Apocalipsis si se la instaurase a la escala de sociedades numerosas y mucho más complejas como las nuestras.

El debate sobre el uso legal de armas nunca tendrá una conclusión definitiva porque ambos tienen parte de razón: si los delincuentes atacan el resto de los individuos, éstos tienen derecho a defenderse. Pero si quienes se sienten amenazados comienzan a comprar más armas pronto tendremos (o seguiremos teniendo) sociedades que, en el mejor de los casos, serán sociedades asentadas en el inestable equilibrio de las armas.

Pero la violencia legal —estatal o privada— nunca es suficiente para contener y mucho menos eliminar la violencia ilegal. En casos, cuando es el único recurso, la represión no legaliza pero legitimiza la violencia ilegal.

A largo plazo, la forma de evitar la violencia ilegal radica en eliminar de forma progresiva la violencia legal. Con violencia legal me refiero no solo a un estado policíaco o militarizado sino, sobre todo, a la violencia que deriva de las propias contradicciones de una sociedad. Entre estas contradicciones la más clásica es la que deriva de la misma lógica del consumismo: la promoción del deseo y la represión del placer, ley que afecta con más crueldad a los niños y adolescentes de los países pobres.

Esta lógica del capitalismo consumista suele agravar la violencia cuando a una cultura enferma sumamos una educación insuficiente. El narcotráfico, por ejemplo, no existiría sin el consumo de drogas; víctima y victimario son partes inseparables de la misma lógica social y cultural. La seudo-solución más común es aumentar la represión, lo que también produce la idea de que el sistema X no es el culpable de lo que produce sino imperfecto por culpa de lo que reprime.

En mi opinión, no existe solución a corto plazo. Menos cuando, ante un estado de insatisfacción social, las soluciones sobre el mejor azul consisten en elegir entre el blanco o el negro.

El Estado poco o nada puede hacer para cambiar una cultura pero aún puede hacer mucho para reparar una educación que contenga la violencia social y convierta este desperdicio de energía física e intelectual en proyectos creativos. Para ello existen muchas otras instituciones subalternas, como el deporte, el arte, las ciencias y el comercio. El paso más inmediato consiste en una prioritaria inversión en programas de socialización de la infancia y la adolescencia. Entre éstos, los programas más importantes consisten en priorizar la educación física a través de una mayor variedad de deportes y de espacios para la cultura artística y científica. A estas viejas intenciones, nunca materializadas seriamente, se debe agregar una política radical: la organización debe estar basada en la gestión asistida de los mismos niños y adolescentes. Es decir, se debe implicar en la toma de responsabilidades y en el goce de sus frutos a uno de los sectores sociales más marginados por un prejuicio etario, en lugar de presentar al Estado como un gendarme con el cual se debe cumplir sin recibir nada inmediato a cambio. En otras palabras, bajar la minoridad en la gerencia de la sociedad.

Dejen de tratar a los niños como si fuesen ángeles o demonios. Devuelvan más poder social y doméstico a los adolescentes y tendremos sociedades más maduras.