CAZAR AL CAZADOR - TAREA TITÁNICA
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CAZAR AL CAZADOR - TAREA TITÁNICA






TAREA TITÁNICA



Pese a la gran expectación pública respecto del futuro del caso Letelier, poco o nada se supo de los pormenores para llevar al general Contreras y al brigadier Espinoza ante el ministro Ba�ados. Mientras Contreras se resist�a a ?rmar la noti?caci�n judicial de su encargatoria de reo y se negaba a ser prontuariado, ese 20 de septiembre las portadas de los diarios titulaban en grande sobre la �?esta c�vico-militar� y la �brillante parada militar� del d�a anterior en el Parque O�Higgins, anticipando un ?rme camino hacia la reconciliaci�n nacional. Pero en esos timoratos primeros a�os de la transici�n a la democracia, la reconciliaci�n quedaba a a�os luz.




El caso Letelier agit� la duda latente sobre qu� tan lejos podr�a llegar un juez al investigar el c�rculo de m�s con?anza del ex dictador.Mucho menos atenci�n se prest� a la posibilidad de que detectives de la Polic�a de Investigaciones, instituci�n que a�n no hab�a sido plenamente depurada, pudieran investigar sin restricciones o imponerse a militares que contaban con el respaldo de su comandante en jefe y, a la saz�n, responsable �ltimo de los cr�menes.




A cambio de dejar la presidencia y permitir un tr�nsito pac�?co a un gobierno civil, el general Pinochet hab�a exigido lo suyo. En agosto de 1989, pocos meses antes de las elecciones generales que sepultaron su dictadura, Pinochet, a�n due�o del pa�s, ?j� su posici�n �y por extensi�n, la del Ej�rcito� ante eventuales esfuerzos por hacer justicia en torno a las violaciones de derechos humanos cometidas durante su r�gimen.




Al conmemorar los diecis�is a�os desde que fuera ascendido a comandante en jefe del Ej�rcito por el mismo presidente que derrocar�a semanas despu�s, Pinochet anunci� las l�neas gruesas que el nuevo gobierno deb�a obedecer si pretend�a gobernar con tranquilidad. En resumen, que no se tocara el modelo econ�mico, su legado institucional, a sus hombres o a su familia. Respecto de los derechos humanos, la pauta pinochetista inclu�a mantener la vigencia de la Ley de Amnist�a de 1978, respetar la competencia de la justicia militar, que segu�a reclamando jurisdicci�n sobre las investigaciones de casos de derechos humanos para luego cerrarlas o dejarlas en un limbo inde?nido, y �velar por el prestigio de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad P�blica, e impedir intentos de represalia hacia sus miembros por razones de orden pol�tico�.12




En la l�gica castrense y de quienes apoyaron el r�gimen militar, investigar los cr�menes perpetrados por agentes del Estado y llevar a los responsables a la c�rcel eran actos pol�ticamente motivados por represalia en contra de patriotas que hab�an arriesgado sus vidas para levantar al pa�s de las ruinas y restablecer el orden, porque los chilenos lo pidieron. Era indigno, un deshonor y un hostigamiento injusti?cado que esos verdaderos h�roes tuvieran que comparecer ante un tribunal por culpa de las mentiras propagadas por el marxismo internacional. Se hab�a librado una guerra para salvar al pa�s, y en las guerras siempre hay bajas. Los eventuales excesos de unos pocos no pod�an condenar a toda una instituci�n. Y por �ltimo, era el precio a pagar por el orden y la exitosa econom�a de mercado que las Fuerzas Armadas, junto a un empresariado con visi�n de futuro, hab�an obsequiado al pa�s.




El gobierno del presidente Patricio Aylwin navegaba en aguas turbulentas y su misi�n, especialmente durante esos primeros a�os, era estabilizar el buque. �C�mo conjugar la democratizaci�n del pa�s con las limitaciones pol�ticas, legales y constitucionales dejadas por el r�gimen y una obstructiva oposici�n de derecha? �C�mo convivir con una constituci�n autoritaria e ileg�tima que, no obstante, le permiti� acceder al poder, y que, por lo tanto, se comprometi� a respetar? �C�mo lograr la plena subordinaci�n militar a la autoridad civil y a la vez cumplir los anhelos de verdad y justicia? �C�mo satisfacer las enormes expectativas y demandas sociales de toda �ndole, y lidiar con los grupos de poder de facto, manteniendo a la vez la gobernabilidad y la estabilidad econ�mica? Era una tarea tit�nica, de m�ltiples frentes, y casi siempre hab�a una en crisis.




Las Fuerzas Armadas conservaron nichos de poder en el nuevo sistema, que a�n no pod�a llamarse democr�tico, y segu�an jugando un papel pol�tico.13 Opinaban e interven�an en todo orden de cosas.




El Ej�rcito es un actor pol�tico central del proceso [de transici�n], qui�rase o no�, se�ala un informe de an�lisis del gobierno en junio de 1990.14




Los militares a�n no regresaban del todo a sus cuarteles y en esta �democracia protegida�, o �tutelada�, el gobierno terminaba reculando cada vez que Pinochet golpeaba la mesa. Ya hab�a quedado en evidencia en diciembre de 1990 con el �ejercicio de enlace�. Una comisi�n parlamentaria entraba en la etapa ?nal de su investigaci�n sobre el pago irregular de tres cheques por casi mil millones de pesos y emitidos el a�o anterior por la Comandancia del Ej�rcito al hijo mayor de Pinochet por la compra de Valmoval, empresa que fabricaba piezas de armamento b�lico. La investigaci�n de los llamados �Pinocheques� rozaba el comandante en jefe. Entonces el ex dictador decidi� reunir a su cuerpo de generales y acuartel� en grado uno a sus tropas. Fue una clara advertencia a la autoridad civil de que no deb�a meter su nariz donde no correspond�a y un desaf�o a las competencias del Congreso, estrenado en marzo luego del receso de diecisiete a�os.




Pinochet disfraz� el acuartelamiento, llam�ndolo un mero �ejercicio de seguridad, alistamiento y enlace� que �no ten�a ninguna signi?caci�n extrainstitucional�, como transmiti� el gobierno al d�a siguiente en un comunicado de prensa. Pero el mensaje se escuch� fuerte y claro, y por m�s que el Ej�rcito y el gobierno intentaran bajarle el per?l, fue la imagen de la barbilla temblorosa del ministro de Defensa Patricio Rojas, ante la posibilidad de una sublevaci�n militar, la que qued� en la retina de la ciudadan�a.




El informe de la comisi�n parlamentaria absolvi� de toda responsabilidad a Pinochet, tal como lo hab�a exigido; el ex dictador sigui� al mando del Ej�rcito y la investigaci�n sobre los �Pinocheques� se guard� en un caj�n. Fue el fruct�fero resultado de negociaciones entre el ministro secretario general de Gobierno y principal operador pol�tico, Enrique Correa, y el jefe del Comit� Asesor Pol�tico Estrat�gico del Comandante en Jefe, el general Jorge Ballerino.15




Un an�lisis de la Secretar�a General de la Presidencia re?exion� sobre las relaciones con el ex dictador d�as despu�s de su rabieta:









El reciente acuartelamiento del Ej�rcito constituy� sin duda un ensayo de respuesta a una situaci�n de acoso, con miras a establecer tanto las reacciones externas como internas a una convocatoria de ese tipo. Es decir, cada vez que hemos cre�do que Pinochet est� lo su?cientemente d�bil como para precipitar las cosas con miras a un desenlace determinado, hemos retrocedido en vez de avanzar en nuestra estrategia. [�] El an�lisis de la posici�n de Pinochet no puede excluir a partir de ahora la hip�tesis de alg�n nivel de movilizaci�n extraconstitucional. M�s all� de la evaluaci�n de la ausencia de condiciones para un putsch exitoso, debemos concentrarnos en eludir toda situaci�n que d� motivo a acciones de ese tipo, en cualquier grado.16









Semanas despu�s, el Ej�rcito reiter� su �irrestricta lealtad� a Pinochet y la �indestructible cohesi�n institucional en torno al capit�n general� en una declaraci�n p�blica difundida por el entonces director de la Academia de Guerra, coronel Juan Emilio Cheyre, quien en 2002 asumir�a la Comandancia del Ej�rcito. La investigaci�n de la comisi�n parlamentaria, seg�n el Ej�rcito, era una �irresponsable y sistem�tica forma de agresi�n� que �entra�a una grave amenaza a la seguridad nacional�.17




UN TEMA ESPINUDO



El mandato de Patricio Aylwin fue un vaiv�n continuo de fricciones,...







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