La organización patronal Svenska Näringsliv, desea que el estado no impida al empresario hacer uso del derecho de decidir qué mano de obra es la que necesita. Algo que con toda probabilidad le será concedido cuando el 15 de diciembre entre en vigencia la ley, ya que la Alianza está decida a que las reglas sean lo menos burocráticas posible.

En la reciente reunión que los ministros de inmigración de la UE realizaron en Kiev, la capital de Ucrania, el ministro de Migración sueco Tobías Billström, anunció que Suecia redoblará esfuerzos para atraer la mano de obra que la industria y los servicios necesiten par afianzar la economía del país y la estabilidad de las empresas.

En tema de refugio tanto conservadores como socialdemócratas marcan, cada uno a su manera, la necesidad de imponer la línea del trabajo, es decir el refugiado debe demostrar apenas llega, que está dispuesto a aceptar un empleo o una práctica de trabajo los más rápido posible, al mismo tiempo que estudia el idioma sueco para acelerar una integración eficaz a la sociedad. Las políticas de los últimos años, que han ido endureciendo las condiciones para el que solicita asilo por la causa que sea, no alcanzan para tranquilizar a un sector de la opinión pública, cuyo rechazo a los inmigrantes se hace cada vez más notoria, y que se cristaliza con el creciente apoyo que obtiene Sverigedemokraterna (sd), el partido ultraderechista y xenófobo que hoy está presente en muchos municipios del país.

Durante las últimas campañas electorales los sectores de la derecha más cerril han trabajado con el mensaje de que los inmigrantes viven de la ayuda social, marginados y en guettos donde mantienen costumbres y culturas ajenas a los valores y leyes del país. Las opiniones de los partidos que defienden el derecho de asilo, y culpan a la propia sociedad de provocar la marginación de grupos importantes de refugiados a través de una legislación y reglas burocráticas desalentadoras, han perdido la batalla ideológica por mantener el sentido humanitario del refugio. Ahora es la línea utilitaria la que se impone.

En concreto, los conservadores desean que los cambios que hasta ahora el gobierno de la Alianza de centro-derecha ha implementado en políticas de asilo, se profundicen. Esto significa, por ejemplo, que desde el momento en que el solicitante de asilo inicia los trámites para recibir el estatus de refugiado, debe aceptar un trabajo que le ofrecerá la comuna o un empleador privado en el lugar donde esté radicado. Esa oferta de empleo estará adaptada a la educación de cada refugiado, aunque nadie se espera que los mismos no pasen de sencillas tareas, como la limpieza en establecimientos públicos o tareas básicas en la industria local. Así la persona recibirá una especie de ingreso mínimo todavía por establecer, en lugar de la ayuda económica (hoy día 61 coronas por día y adultos (unos 6 euros) que Migración le paga durante el trámite de asilo. Una vez obtenido el asilo, se emplearán estímulos económicos para que los refugiados se radiquen en las comunas donde haya vivienda y empleo disponibles, anunciaron los responsables de la política de inmigración del partido conservador, entre ellos el propio ministro Tobías Billström.

La socialdemocracia sigue una línea casi similar, aunque matizada con algunos aspectos humanitarios en caso de que el refugiado presente síntomas traumáticos a causa de la persecución, guerra u otro suceso que haya afectado su salud física o mental. Sin embargo la línea del trabajo está presente al señalar que el refugiado tendrá que aceptar el lugar de radicación que Migración le indique, donde podrá ser empleado o hacer una práctica de trabajo. Para ello cada solicitante de asilo contará con un guía apenas llegue al país, con el cual trazará un plan de trabajo según su capacitación -y de estudios del idioma sueco- Además le orientarán ha radicarse en la comuna que ofrezca las mejores posibilidades para su integración, ya sea si está solo o con su familia.

Verónica Palm, responsable del tema de migraciones de su partido, admite que el asunto es espinoso, y que esta línea encontrará oposición dentro de su organización, pero cree que es hora de revisar la experiencia de políticas pasadas y cambiar la orientación. En caso necesario, se legislará en ese sentido derogando la ley EBO (ver recuadro). Para alentar a las comunas que se destaquen por su compromiso en radicar e integrar a los refugiados, se propone un estímulo económico suplementario por esos esfuerzos, una zanahoria que se espera atraiga a municipios que hasta hoy han cerrado sus puertas a los extranjeros, y gratifiquen a los que han hecho esfuerzos extraordinarios por ofrecerles un lugar.

Kalle Larsson, representante del partido de izquierda (v) en el parlamento, opina que el endurecimiento de esas políticas aproxima a los dos partidos parlamentarios que con más tenacidad han levantado barreras para contener el flujo de refugiados a Suecia, y los obliga a adoptar medidas que eran impensables hace sólo algunos años atrás.

La oposición (s) y (v) en cambio es contraria a esta solución, y los sindicatos también están de acuerdo con esa línea. El argumento predominante es que si se les otorga el permiso de residencia y de trabajo a los "ilegales" que en su momento vieron rechazados sus solicitudes de asilo, se debilitará ese derecho ya que en el futuro, la forma de tratar de radicarse en Suecia es pedir primero asilo, y una vez denegado, buscar la radicación a través de conseguir un trabajo. De esta forma se recargaría en forma extraordinaria toda la maquinaria del sistema de asilo, lo que crearía aún más problemas al aparato burocrático que hoy hace todo lo posible por acortar los procesos de investigación de cada caso, y además dificultaría enormemente a los que tienen real necesidad de refugio lograr en poco tiempo ese asilo.