Steve Bannon
Steve Bannon empuja movimiento de ultraderecha en América Latina […]
Press Enter to Search
Chile/DDHH
En el punto de prensa realizado hoy martes 30/9 por parte de las abogadas. Se expuso que el principal sospechoso, Juan Carlos Morstadt Anwandter, en una interceptación telefónica autorizada, le dijo a su padre que a Julia Chuñil “la quemaron”. Esta impactante revelación, hecha a casi 11 meses de su desaparición, contrasta con lo que acusan es un montaje de la Fiscalía para inculpar a los propios hijos de la víctima, mientras se ignora la evidencia contra Morstadt, dueño del predio donde la defensora ambiental, fue vista por última vez.
En el punto de prensa realizado hoy martes 30/9 por parte de las abogadas, organizaciones de DDHH (Comité de etica contra la tortura y Amnistía internacional) y la presencia de Pablo, hijo y vocero de la familia, se anunció una prueba que remece la investigación por la desaparición de Julia Chuñil. Se expuso que el principal sospechoso, Juan Carlos Morstadt Anwandter, en una interceptación telefónica autorizada, le dijo a su padre que a Julia Chuñil “la quemaron”. Esta impactante revelación, hecha a casi 11 meses de su desaparición, contrasta con lo que acusan es un montaje de la Fiscalía para inculpar a los propios hijos de la víctima, mientras se ignora la evidencia contra Morstadt, dueño del predio donde la defensora ambiental, fue vista por última vez.
La abogada Karina Riquelme fue categórica al exponer la evidencia que el Ministerio Público ha mantenido en segundo plano. “En una llamada con su padre, Morstadt se refiere a que ‘la quemaron’”, afirmó Riquelme, citando directamente el contenido de las escuchas. Según un documento de la investigación, esta y otras conversaciones similares han sido consideradas por el equipo investigador como un “indicio de conocimiento o participación en hechos posteriores a la desaparición”. Pese a ello, las abogadas denuncian una inacción deliberada para no profundizar en esta línea.
Mientras esta prueba crucial es desatendida, la Fiscalía ha enfocado sus esfuerzos en la criminalización a la familia de la víctima. Ya lo habían intentado con los apremios ilegítimos perpetrados por parte de la anterior fiscal Tatiana Esquivel y el Labocar a Jeannette Troncoso, hija de Julia para que se auto inculpara a la fuerza. En esa oportunidad, el repudio fue masivo, instalándose con el pedido de verdad y justicia, en las marchas por el 8M, día internacional contra la violencia a la mujer y en cada cumplimiento de mes.
Las abogadas denunciaron que el Ministerio Público “se encuentra utilizando testigos con identidad reservada para inculpar a los familiares de Julia Chuñil”. Esta estrategia, calificada como un montaje, somete a los hijos de Julia a una doble victimización, tratándolos como sospechosos en lugar de protegerlos como víctimas, vulnerando así el debido proceso.
Juan Carlos Morstadt ha sido un “sujeto de interés prioritario desde la primera etapa” de la investigación, con un claro móvil derivado de un “conflicto previo y sostenido” con Julia y su familia por la ocupación de terrenos. Pese a que legalmente ostenta la calidad de “imputado no formalizado” y se le han realizado múltiples diligencias como el levantamiento del secreto bancario e incluso se le vincula a armas no declaradas, la investigación en su contra no ha avanzado hacia una formalización.
Juan Carlos Morstadt ha sido un “sujeto de interés prioritario desde la primera etapa” de la investigación, con un claro móvil derivado de un “conflicto previo y sostenido” con Julia y su familia por la ocupación de terrenos.
Rodrigo Bustos, de Amnistía Internacional, reforzó la crítica a la negligencia estatal. “El Estado de Chile tiene la obligación de tener una especial debida diligencia”, recordó, subrayando el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, que exigían “redoblar los esfuerzos” para encontrar a Julia. Esta falencia, señaló, agrava la responsabilidad del Estado en un caso emblemático de violencia contra una defensora ambiental.
El equipo legal también denunció una abierta obstrucción a la justicia. Mariela Santana, de CODEPU, explicó que las abogadas fueron bloqueadas del sistema judicial en línea, impidiéndoles acceder a la carpeta del caso. Además, la investigación está en manos de un fiscal que ellas habían recusado por su conocido “sesgo ideológico” en casos relacionados con el pueblo mapuche, lo que anula cualquier garantía de imparcialidad.
Pablo San Martín Chünil, hijo mayor de Julia, sentenció: “Nos están tratando de hacer un montaje. Nosotros queremos encontrar al verdadero culpable, no a personas inocentes”. Su testimonio evidenció la doble batalla que enfrenta la familia: el duelo por la desaparición de la madre y la defensa contra un sistema que, acusan, los criminaliza para proteger al principal sospechoso. Ante esta situación, convocan a una marcha nacional para el próximo 8 de noviembre, buscando que la presión ciudadana rompa el cerco de impunidad. Para ello se realizará una asamblea de coordinación nacional, para impulsar de manera simultánea movilizaciones y concentraciones en los frontis del gobierno de cada ciudad. En Santiago se propone que sea en La moneda.
Es necesario profundizar el apoyo popular, masificando las movilizaciones. Desarrollando las coordinaciones por regiones. Y denunciando enérgicamente el enorme operativo de impunidad, y por el juicio y castigo a los verdaderos responsables intelectuales, políticos y materiales del caso.
30 de septiembre, 2025.
Steve Bannon empuja movimiento de ultraderecha en América Latina […]