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Mercenarios en la sombra


Por CCS
Publicada:2011-11-12

Desde que comenz la guerra contra el terrorismo, se ha documentado la muerte de 176 contratistas privados en Afganistn. De ellos, ms de cincuenta eran estadounidenses; 14 nepales, 13 rusos, 13 canadienses, 12 filipinos, 11 chinos, 10 britnicos y 10 ucranianos. Pero otros 14 pases quedan representados en esta estadstica: Pakistn, India, Turqua, Macedonia, Bosnia, Corea del Sur, Zimbabwe, Bangladesh, Alemania, Irlanda, Japn, Myanmar, Sudfrica y los Emiratos rabes.


De esos contratistas, 38 se dedicaban a labores militares. La variedad de tareas a las que se dedican el resto de contratistas dificulta la distincin de quienes trabajan para las llamadas Empresas Militares Privadas (EMP). Esto permite incluir en una misma categora a quienes mueren en combate y a quienes trabajan en servicios de limpieza, de cocina o de transporte. Y supone una ventaja para el pas de origen al no pagar el mismo precio poltico por la muerte de un soldado profesional que por la de una persona que, para muchos, era un simple mercenario que ganaba hasta cinco veces ms que soldados que arriesgan su vida por su patria.

Este fenmeno se extendi a Irak, el laboratorio de Rumsfeld y su equipo de neocons para poner a prueba sus teoras de contingentes militares ligeros, modernos, adaptables y baratos contra enemigos que ya no combatan con mtodos convencionales. El experimento produjo la muerte indiscriminada de civiles, como en la masacre de la Plaza Nisur. Murieron 17 personas sin que fuera a juicio ninguno de los responsables, identificados por el gobierno de Estados Unidos.

Como si un pas ocupado estuviera en condiciones de comprometerse en lo jurdico, el recin formado gobierno de Irak haba firmado la Orden 17, que otorgaba inmunidad judicial a los trabajadores de empresas que contratara el Departamento de Estado. Tal fue el caso de la entonces llamada Blackwater, ahora Xe Services tras someterse a un lavado de imagen por sus escndalos y los de contratistas de otras empresas. En Youtube se pueden ver secuencias dignas de videojuegos que muchos padres prohben a sus hijos por miedo a que reproduzcan esas conductas.

A diferencia de los soldados enjuiciados y encarcelados por participar en el escndalo de la crcel de Abu Ghraib, ninguno de los contratistas privados que torturaron a esos presos ha pisado un tribunal. Informes como los de la organizacin Human Rights First concluyen que la experiencia militar de muchos de estos contratistas les permite someter bajo sus rdenes a soldados del ejrcito con menos experiencia en situaciones de amenaza.

No existe un sistema jurdico creble al que puedan acudir los familiares de las vctimas. La justicia local encontrar obstculos para actuar con independencia contra nacionales de un pas del que ahora depende Irak para su seguridad. Sectores de la sociedad han manifestado su preocupacin ante la inminente retirada militar estadounidense, que liberar efectivos para nuevos escenarios blicos. Algunos iraques con suficientes medios se han planteado llevar su causa a tribunales estadounidenses, que rara vez aceptan este tipo de casos por cuestiones de forma. Se interpone la Orden 17 y los intereses de la poltica exterior de Estados Unidos, por encima muchas veces de su ordenamiento jurdico.

Scott Shane, periodista de The New York Times, afirmaba que una delegacin de ochenta compaas francesas desembarc en Trpoli una semana antes de la muerte de Gadafi. Se reunieron con miembros del Consejo Nacional de Transicin, que se neg a firmar contratos hasta que se elija un gobierno.

Con las ciudades an plagadas de armas y jvenes sin trabajo, Libia no ofrece nada como un entorno seguro para los negocios de ah las posibilidades para los proveedores de seguridad, deca Shane.

Naciones Unidas busca acuerdos vinculantes en materia de empresas militares para los Estados, pero con pocos resultados por falta de cooperacin y por falta de tutela de los Estados. Unos no ejercen su soberana para impedir los abusos de empresas extranjeras y otros prefieren no tutelar a empresas de su pas porque el gobierno se beneficia en imagen y, segn ellos, en coste. Pero ya se ha denunciado el fraude al gobierno federal de Estados Unidos por miles de millones de dlares en contratos militares que benefician a los directivos de esas empresas paraestatales.

Carlos Migulez Monroy
Periodista, coordinador del CCS
ccs@solidarios.org.es
Twitter: @cmiguelez




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