Thursday, 28-May-2026

América/Bolivia

El regreso de la derecha al poder en Bolivia no fue un periodo de paz. A poco más de seis meses de asumir la presidencia, Rodrigo Paz Pereira no ha tenido un momento de tranquilidad, y Bolivia se encuentra sumida en una profunda crisis social y política.

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l regreso de la derecha al poder en Bolivia no fue un periodo de paz. A poco más de seis meses de asumir la presidencia, Rodrigo Paz Pereira no ha tenido un momento de tranquilidad, y Bolivia se encuentra sumida en una profunda crisis social y política. Movimientos masivos en las calles de la capital, La Paz, movilizaciones de pueblos indígenas y campesinos, y más de 50 bloqueos en diferentes partes del país exigen la renuncia de Paz, lo que, sumado a una poderosa huelga general, está causando una grave crisis económica.

Ya en los primeros días de su mandato, Paz decidió implementar de golpe su "paquete de males". Emitió un decreto que eliminaba los subsidios a los hidrocarburos, lo que provocó un aumento explosivo en los precios de los combustibles (el precio de la gasolina subió un 86%, y el de la gasolina y el diésel un 160%). El decreto también flexibilizó los controles legales y ambientales y autorizó al gobierno a celebrar acuerdos secretos con inversionistas privados nacionales y extranjeros en sectores estratégicos como la minería y la energía.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, cuenta con un respaldo ciudadano moderado pero favorable, registrando una imagen positiva del 52.9% y una desaprobación del 44.2% según los últimos datos medidos por la consultora internacional CB Global Data. Bases del Apoyo Social: Éstos se encuentran en el sector urbanos y clases medias

La reacción del movimiento de masas a principios de año, con una huelga nacional convocada por la central sindical COB y decenas de bloqueos de carreteras, obligó al gobierno a dar marcha atrás. El decreto original fue revocado y el gobierno prometió negociar un nuevo decreto con los movimientos sociales. Si bien el gobierno se mantuvo firme en su decisión de continuar los ataques, esto provocó que la dirigencia del movimiento también cediera.

Pero la calma duró poco. En abril, comunidades indígenas y campesinas, principalmente de la región amazónica de Bolivia, comenzaron a movilizarse con bloqueos de carreteras y una larga marcha hacia La Paz para exigir la derogación de la llamada Ley Marinkovic. Esta ley revierte los avances históricos logrados por campesinos e indígenas mediante un cambio en los derechos sobre la tierra, lo que podría significar el fin de las protecciones que existían para la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas y los pequeños agricultores.

André Ferrari (ISA International Political Committee)

Escribe ABC, LA PAZ. Bolivia vive una crisis que ingresó en su cuarta semana. El Gobierno de Rodrigo Paz podría declarar Estado de excepción para frenar la violencia y desbloquear las rutas que ya genera escasez en algunas regiones. La protesta exige la renuncia del mandatario. ¿Qué implica su posible aplicación?

Este país camina una vez más hacia el espejo más incómodo de su propia devenir político y social. Las calles del país andino vuelven a llenarse de protestas que recuperan el lenguaje de la resistencia popular, en un escenario que evoca las históricas disputas de comienzos del siglo XXI, como las guerras del agua y del gas. Hoy, la nación se enfrenta nuevamente a una interrogante fundamental que define su destino: ¿quién gobierna realmente y para beneficio de qué sectores se ejerce el poder estatal?

El panorama actual se ha complejizado tras el evidente agotamiento político de la gestión de Luis Arce, cuya incapacidad para construir consensos profundos terminó por fracturar el panorama oficialista. Este desgaste abrió el camino para el ascenso de figuras como Rodrigo Paz y Edmon Lara, quienes se proyectaron ante la opinión pública como una alternativa de corte moderado. Sin embargo, sus primeras acciones gubernamentales reflejan el retorno de la lógica tradicional del poder, caracterizada por una élite dispuesta a administrar privilegios corporativos y restaurar las jerarquías socioeconómicas que parecían superadas.

Dos medidas de fuerte impacto económico y social han encendido las alarmas de las organizaciones civiles. En primer lugar, la polémica eliminación del impuesto a las grandes fortunas, interpretada por analistas como una declaración ideológica que alivia la carga fiscal de los sectores más acaudalados mientras las mayorías enfrentan una creciente precarización. En segundo lugar, el impulso de la Ley de Tierras 1720, considerada el proyecto de transformación agraria más agresivo desde 1953. elquindiano.com

Levantamiento de subsidios: La principal fuente de tensión social y descontento radica en el Decreto 5503, que eliminó la subvención a los carburantes e incrementó el precio de la gasolina y el diésel.

El Congreso aprobó una ley que facilitaría al presidente de centroderecha Rodrigo Paz declarar el estado de emergencia y desplegar tropas para sofocar las protestas, pero aún no se ha atrevido a adoptar una postura firme. En cambio, ha reconocido su fracaso en unir al país desde que asumió el cargo en noviembre pasado. Escribe el DN de Suecia

Los sectores sociales, sindicatos de transportistas, mineros y campesinos tradicionalmente articulados por el MAS han reaccionado bloqueando los accesos clave de ciudades neurálgicas como La Paz y El Alto. Estas movilizaciones exigen soluciones inmediatas a la inflación y el desabastecimiento, pero también demandan la renuncia del mandatario.

La pugna partidaria erosionó profundamente los mecanismos básicos de gobernabilidad. El país se encuentra atrapado en una parálisis donde los recursos y el control territorial están en disputa. Mientras el poder ejecutivo evalúa la militarización de los conflictos y la declaración de un estado de sitio para contener la violencia de las protestas, el trasfondo geopolítico asoma: la urgencia por captar inversiones extranjeras estables para la explotación de sus masivas reservas de litio, algo imposible de concretar en medio de este escenario de ingobernabilidad crónica.

Sín duda, la crisis del Movimiento al Socialismo (MAS) se ha transformado por completo en la crisis de Bolivia en sí misma, arrastrando a todo el aparato estatal, económico e institucional del país hacia un escenario de profunda inestabilidad.La feroz fractura interna del partido que gobernó Bolivia por dos décadas —con la polarización radicalizada entre las facciones "evista" (fieles a Evo Morales) y "arcista" (seguidores de Luis Arce)— debilitó las estructuras del Estado a tal punto que las secuelas del colapso del modelo económico socialista terminaron pasando factura, facilitando la llegada al poder del actual presidente de centroderecha, Rodrigo Paz.

Medidas de austeridad: Para mitigar el descontento y dar una señal de compromiso, el presidente y su Gabinete anunciaron una reducción voluntaria del 50% de sus sueldos,(medidas populistas) así como la disminución de ministerios (de 17 a 15 Orbita Milei?) y de viceministerios (de 58 a 37) para controlar el gasto público.Fuente ministerio de la presidencia de Bolivia

Rodrigo Paz Pereira Presidente de Bolivia

Nació el 22 de septiembre de 1967, en el exilio político por las dictaduras militares. Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y sobrino nieto del expresidente Víctor Paz Estenssoro.

Estudió en colegios jesuitas en diferentes países de la región. Cuando se instauró la democracia en Bolivia, salió bachiller del colegio San Ignacio de La Paz. Obtuvo el título en Economía y Relaciones Internacionales, y culminó una maestría en Gestión Política por la Universidad Americana de Estados Unidos.

Fue diputado electo por Tarija, entre 2002 y 2010. En 2010, fue electo concejal de Tarija por la agrupación política Unidos para Renovar (UNIR). Fue también electo por sus colegas como presidente del Concejo Municipal. Ganó por voto popular la Alcaldía de Tarija, entre 2015 y 2020. Además, se desempeñó como senador nacional, entre 2020 y 2025.

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